El Ejecutivo condiciona la liberación de fondos de vivienda a que las autonomías entreguen información sobre alquileres

El Ejecutivo se reserva la facultad de detener los desembolsos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en caso de que las autonomías no remitan los datos requeridos para monitorear y diseñar políticas habitacionales efectivas. La medida responde a la intención de fortalecer la transparencia del sector inmobiliario mediante la recolección sistemática de información pública, según indicó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Aprobado en Consejo de Ministros, el plan persigue dinamizar la construcción de vivienda pública y asequible, modernizar el stock residencial existente y ampliar las prestaciones dirigidas al arrendamiento y la emancipación de jóvenes.

A pesar de la amenaza de congelación de recursos, la cartera ministerial mantiene la confianza en que las comunidades colaborarán suministrando información semestral sobre contratos de alquiler, respetando el marco de competencias autonómicas. El Observatorio de Vivienda y Suelo utilizará esta información para garantizar transparencia y desmontar narrativas alarmistas en torno al acceso a la vivienda.

Con una dotación de 7.000 millones de euros —el triple respecto al plan anterior—, la iniciativa estructura su distribución presupuestaria de forma estratégica. El 40% financiará la ampliación de vivienda protegida, el 30% se destinará a rehabilitación del parque existente, y el restante 30% cubrirá ayudas para emancipación juvenil, reducción de la carga financiera y actuaciones en mercados tensionados. Las autonomías que no justifiquen correctamente la ejecución del presupuesto asignado enfrentarán recortes en futuras asignaciones.

En materia de ayudas directas, destaca la ampliación del Bono Alquiler Joven, que sube a 300 euros mensuales para menores de 35 años que cumplan los requisitos establecidos. Los ingresos anuales de los demandantes no podrán exceder cinco veces el IPREM, y la renta mensual máxima del inmueble se fija en 1.000 euros.

Asimismo, se ha extendido el plazo para completar las obras de promoción habitacional y mejora energética financiadas con fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, cuyo vencimiento original era el 30 de junio de 2026.

Para el 28 de abril, el Gobierno ha programado la Comisión Multilateral que sentará las bases de la Conferencia Sectorial de Vivienda, donde se aprobará el reparto presupuestario tras los comicios andaluces. La aprobación requerirá mayoría simple, y desde la Administración se confía en alcanzar acuerdos que eviten que miles de ciudadanos pierdan acceso a las ayudas.

En cuanto al financiamiento, el Estado costeará el 60% del proyecto mientras las autonomías aportarán el 40% restante. Durante este ejercicio, la Administración adelantará 800 millones, obligando a las regiones a contribuir su parte en años subsecuentes.