El Congreso tramita la propuesta de vivienda del PP mientras el Ejecutivo se opone

La Cámara Baja ha aceptado la proposición de ley sobre vivienda presentada por el Partido Popular en sesión de este martes. La iniciativa parlamentaria tiene como objetivo central permitir que entidades financieras y fondos de inversión accedan a procedimientos judiciales expeditos para recuperar la posesión de viviendas ocupadas sin autorización.

El PP ha logrado sumar votos favorables de Junts, Vox y UPN para su aprobación en trámite. Por su parte, PNV y Coalición Canaria optaron por la abstención. Los partidos integrantes del Gobierno, junto con el resto de fuerzas parlamentarias, votaron en contra de la medida.

La propuesta incide significativamente en la normativa vigente, buscando derogar aspectos sustanciales de la Ley de Vivienda de 2023. Entre los cambios principales figuran la eliminación de las zonas tensionadas y el sistema de índice de precios de referencia para arrendamientos.

En materia de procedimientos judiciales, la reforma permitiría que bancos y fondos utilicen el juicio verbal, un trámite pensado originalmente para litigios de escasa cuantía, exclusivamente disponible hasta ahora para organizaciones sin ánimo de lucro. Este mecanismo facilitaría la recuperación de posesión en casos de ocupación.

Los plazos de suspensión de desahucios también experimentarían cambios. Para personas físicas demandantes, se reduciría de dos meses a uno; para entidades jurídicas, de cuatro meses a tres. Estos ajustes buscan agilizar la ejecución de medidas de protección dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad.

Respecto a la determinación de vulnerabilidad económica, la propuesta modifica el criterio vigente. Las unidades familiares cuyo ingreso mensual supere los 900 euros dejarían de clasificarse como vulnerables en procedimientos de desahucio. El nuevo umbral se establece en 1,5 veces el Iprem, en lugar del triple de este indicador.

En el ámbito urbanístico, la ley facilitaría el avance de proyectos de construcción y modificaciones arquitectónicas tras tres meses sin respuesta expresa de la administración, mediante la aplicación del silencio positivo. No obstante, las obras en edificios con protección histórica o ambiental, así como en terrenos rurales, mantendrían la exigencia de aprobación expresa.

La propuesta contempla la creación de una plataforma para mejorar la comunicación entre administraciones y acelerar la emisión de reportes sectoriales vinculados a iniciativas urbanísticas, promoviendo la integración de sistemas informáticos. Asimismo, se introduce la acción pública como mecanismo para frenar impugnaciones motivadas exclusivamente por intereses económicos.

Finalmente, se plantea otorgar a Ceuta y Melilla la potestad de aprobar sus instrumentos de planificación urbanística, siempre previo informe de la Administración General del Estado.

Esta iniciativa coincide temporalmente con la aprobación del Plan Estatal de Vivienda correspondiente al período 2026-2030 por el Consejo de Ministros.