CCOO reconoce avances en el Plan de Vivienda 2026-2030 pero advierte sobre su insuficiencia

Comisiones Obreras ha transmitido su inquietud respecto al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Aunque la organización sindical reconoce progresos en materia de derechos sociales, estima que el plan carece de la envergadura necesaria para facilitar un acceso real a una vivienda en condiciones dignas.

El programa cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros, de los cuales 4.200 millones correrán a cargo del Estado y 2.800 millones serán aportados por las comunidades autónomas. Entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y tendrá vigencia retroactiva desde el 1 de enero.

CCOO destaca favorablemente la incorporación de sus propuestas, particularmente la ampliación del parque de viviendas protegidas, garantizando que únicamente se financien proyectos con calificación de protección permanente. No obstante, el sindicato advierte que la inversión prevista es manifiestamente insuficiente y reclama elevarla hasta el 1% del PIB anual, cifra que ascendería a 16.000 millones de euros.

La organización subraya la necesidad de que el plan sea complementado con medidas normativas orientadas a regular los precios del arrendamiento e impedir la especulación inmobiliaria.

El plan introduce un mecanismo centralizado de información que permitirá a las comunidades autónomas administrar los datos de los registros de depósitos cautelares, disminuyendo la dependencia de plataformas inmobiliarias que pudieran presentar conflictos de interés. Asimismo, establece que la asignación de recursos se oriente prioritariamente hacia aquellas comunidades que cumplan la Ley 12/2023 sobre Derecho a la Vivienda, en especial en la identificación de zonas de tensión en el mercado inmobiliario.

Entre los aspectos que CCOO valora figuran el impulso a las cooperativas de vivienda en cesión de uso como modelo alternativo no especulativo, así como la articulación de la política de vivienda con otras áreas de intervención social, como la erradicación de la pobreza energética. Sin embargo, la organización reafirma que para que estas iniciativas produzcan resultados concretos, debe acompañarlas un marco legislativo que contenga el incremento de los precios del alquiler y frene las operaciones inmobiliarias orientadas a la especulación.