Suiza flexibiliza requisitos de capital bancario, pero UBS rechaza los cambios y advierte sobre riesgos económicos

Las autoridades regulatorias de Suiza han introducido modificaciones en la Ley Bancaria y la Ordenanza de Adecuación de Capital para reducir en parte las demandas de capital que enfrentan las instituciones financieras del país. Pese a estos ajustes, UBS, la principal entidad bancaria suiza, ha manifestado su firme oposición, argumentando que tales medidas representan un riesgo significativo para la economía nacional.

El ejecutivo suizo ha tomado la decisión de suprimir la exigencia de respaldar completamente los activos mediante impuestos diferidos e implementará la depreciación del software en un plazo de tres años a partir de 2029. Estas disposiciones resultarán en una disminución de 4.000 millones de dólares (3.416 millones de euros) en el capital CET1 adicional que UBS debe mantener. No obstante, se proyecta que la entidad deberá elevar su ratio de capital a 20.000 millones de dólares (17.080 millones de euros), cifra inferior a los 24.000 millones de dólares (20.496 millones de euros) establecidos en cálculos previos.

La iniciativa legislativa, ya presentada ante el parlamento, persigue que las instituciones catalogadas como sistémicamente relevantes respalden a sus operaciones filiales internacionales mediante capital CET1 como medida preventiva frente a posibles turbulencias en los mercados financieros, evocando las dificultades que enfrentó Credit Suisse durante 2023.

UBS ha acusado al Gobierno suizo de difundir "información engañosa" respecto a las transformaciones propuestas en el marco regulatorio bancario. En su declaración oficial, la entidad cuestiona las medidas, describiéndolas como desproporcionadas y desalineadas con las directrices internacionales vigentes, además de señalar que ignoran las objeciones planteadas durante los procesos de consulta gubernamental.

La institución ha revisado al alza su proyección de incremento de capital, ubicándola en 22.000 millones de dólares (18.788 millones de euros), y advierte que la normativa podría subestimar su solidez patrimonial en comparación con sus competidores globales.

Respecto a las consecuencias económicas nacionales, UBS cita investigaciones que proyectan una contracción del PIB suizo de 34.000 millones de francos suizos (37.018 millones de euros) durante la próxima década, con efectos adversos sobre la inversión, el mercado laboral y la recaudación tributaria. La entidad expresa su esperanza de que el proceso de deliberación parlamentaria incorpore las preocupaciones surgidas durante la consulta democrática, particularmente respecto al tratamiento de las participaciones accionarias en el extranjero.