CECU demanda garantías permanentes para viviendas del Plan Estatal de Vivienda

La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha presentado una demanda contundente para que las propiedades adquiridas mediante el nuevo Plan de Vivienda permanezcan destinadas al alquiler asequible sin limitación temporal. La organización cuestiona la seguridad jurídica del programa actual, que únicamente garantiza el carácter social de estas viviendas durante 50 años, dejando abierta la posibilidad de su traslado al mercado libre tras este período.

"Si no se blinda su carácter social más allá de 50 años, corremos el riesgo de que terminen incorporándose al mercado libre", ha advertido Eloy Gutiérrez, responsable de Vivienda de CECU.

La entidad consumidora ha identificado múltiples deficiencias en el diseño del plan, particularmente en lo que respecta a la asignación de recursos. CECU denuncia la ausencia de financiación dedicada específicamente a la rehabilitación de viviendas para colectivos vulnerables, lo que podría favorecer la construcción de nuevas unidades en detrimento de la recuperación del parque existente. Según la organización, esta orientación estratégica comprometería proyectos de rehabilitación que requieren urgentemente apoyo económico.

"Esto puede dejar proyectos de rehabilitación sin financiación en favor de la construcción", ha denunciado Gutiérrez.

Otro aspecto problemático señalado por CECU concierne a la rehabilitación de viviendas vacías incorporadas al mercado de alquiler asequible, cuya protección quedaría limitada únicamente a la duración de los contratos de arrendamiento. Esta estructura normativa, advierte la federación, podría facilitar dinámicas especulativas una vez concluyan dichos acuerdos.

CECU insta a las comunidades autónomas a revisar sustancialmente la ambición del Plan Estatal de Vivienda. La organización propone fortalecer el derecho a la vivienda mediante acciones prioritarias: impulsar la rehabilitación de propiedades de personas en situación de vulnerabilidad, establecer protección permanente sobre las viviendas financiadas con fondos públicos, y que las administraciones ejerciten activamente sus derechos de tanteo y retracto para expandir el patrimonio público, anteponiéndose estas medidas a nuevos desarrollos constructivos.

"El derecho a la vivienda exige políticas públicas valientes. No basta con movilizar recursos: es imprescindible asegurar que las ayudas públicas se traduzcan en vivienda en alquiler asequible de forma permanente", ha concluido Gutiérrez.