Ministerio de Consumo requiere a 541 inmobiliarias ampliar arrendamientos hasta 2027 a solicitud de inquilinos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dirigido una comunicación oficial a 541 empresas inmobiliarias y vehículos de inversión que administran un mínimo de 50 propiedades cada uno, exigiéndoles que amplíen los contratos de arrendamiento residencial que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, cuando los arrendatarios presenten solicitud. El conjunto de estas entidades administra una cartera superior a 50.000 alquileres.

La comunicación, remitida por la dirección general de Consumo, hace hincapié en la aplicación obligatoria del Decreto-ley 8/2026, aprobado el 20 de marzo, que introduce medidas extraordinarias en el mercado de alquiler con el propósito de contrarrestar los efectos económicos y sociales generados por la coyuntura internacional. Estas regulaciones aplican específicamente al arrendamiento de vivienda principal, donde operan las inmobiliarias señaladas.

El decreto reconoce a los inquilinos un derecho de prórroga de dos años en sus contratos, cuya aceptación resulta vinculante para el arrendador cuando el tenant lo solicita formalmente.

Datos revelados por un informe conjunto de Consumo y el CSIC indican que los multiarrendadores, tanto personas físicas como entidades mercantiles, controlan el 61% del segmento de alquiler residencial, mientras que los propietarios independientes con una única vivienda arrendada representan el 39% restante. El mismo estudio documenta que apenas el 4,9% de la población obtiene ingresos de arrendamientos, cifra muy inferior al 20,8% que depende del alquiler para su vivienda.

En urbes de relevancia como Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Palma, Barcelona, Madrid y Valencia, los grandes tenedores de viviendas dominan el 65% del mercado arrendaticio. Según la misiva ministerial, estas entidades tienen la obligación de permitir que sus arrendatarios accedan a prórrogas extraordinarias tras la conclusión de sus contratos, mediante renovaciones anuales con un límite máximo de veinticuatro meses adicionales.

El Ministerio, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha instado a las inmobiliarias y fondos a proceder con celeridad en la implementación de estas medidas y garantizar su cumplimiento íntegro. Se requiere además que adapten sus estructuras operativas para asegurar la observancia inmediata de lo dispuesto.

El decreto que establece estas prórrogas será sometido a votación de convalidación en el Congreso en los próximos días, y el Ejecutivo se encuentra gestionando los apoyos parlamentarios necesarios para preservar la vigencia de estas disposiciones.