CNMC abre 15 expedientes sancionadores por presuntas infracciones graves vinculadas al apagón de 2025

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha 15 expedientes sancionadores dirigidos a investigar presuntas infracciones graves en conexión con el apagón ocurrido el 28 de abril de 2025. Los procedimientos se concentran fundamentalmente en Endesa, aunque también alcanzan a TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja. Cabe destacar que, aunque las conductas investigadas se detectaron en momentos diferentes al del apagón, la CNMC considera que existen indicios suficientes de irregularidades graves.

Estos 15 nuevos expedientes se suman a otros 20 que la CNMC ya había abierto el 17 de abril anterior. Aquellos procedimientos afectaban a Red Eléctrica de España (REE) y a instalaciones generadoras de diversos operadores de relevancia nacional, entre ellos Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Bahía de Bizkaia Electricidad, todos ellos por infracciones calificadas como graves. Según la autoridad reguladora, las prácticas objeto de investigación tuvieron lugar en distintas fechas, no exclusivamente el día del incidente, pero constituyen igualmente sospechas razonables de posibles vulneraciones normativas.

La CNMC subraya que la apertura de estos procedimientos no implica que las compañías investigadas sean responsables del apagón, cuyas causas obedecieron a múltiples factores concurrentes.

Todos los expedientes recientemente incoados han sido clasificados como graves conforme al artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), por incumplimientos que no generan riesgo para la continuidad del suministro ni ocasionan daño grave. Una excepción la constituye el expediente abierto contra la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II AIE (ANAV), que ha sido tramitado por infracción grave bajo el artículo 65.34 de la LSE, en razón de ofertas anómalas o desproporcionadas susceptibles de distorsionar la asignación de unidades de generación o la casación del mercado.

La CNMC aclara que la incoación de estos procedimientos no prejuzga ni condiciona el resultado definitivo de las investigaciones. Los procesos tienen una duración estimada entre nueve y dieciocho meses en función de la entidad de la infracción, y permiten que los interesados formulen alegaciones y soliciten la práctica de pruebas durante su tramitación.