ANCI demanda al Gobierno un mecanismo de revisión de precios para contratos de obra pública

La Asociación Nacional de Constructoras Independientes (ANCI) ha presentado una solicitud urgente al Gobierno para establecer un mecanismo de revisión de precios en los contratos de obra pública que sea automático, estable, ágil y de efectiva aplicación. Este sistema permitiría adaptar los acuerdos contractuales al alza de materias primas derivada del conflicto en Oriente Medio.

Mediante un comunicado, la patronal ha puesto de manifiesto cómo la escalada de precios de combustibles y energía agrava la presión económica que el sector constructor ha enfrentado durante años, caracterizada por el continuo incremento de costes de materiales y mano de obra. Desde que inició el conflicto, productos esenciales como hormigones, áridos, acero, ladrillos y plásticos han registrado aumentos que oscilan entre el 10% y el 25%. El betún destaca como el más afectado, con incrementos que alcanzan entre el 30% y el 40%.

Para ANCI, estas acciones son vitales para preservar la competitividad de un sector de importancia estratégica para la economía del país.

En esta línea, la organización ha manifestado respaldo a la propuesta presentada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), orientada a garantizar la estabilidad económica de los contratos en el ámbito público. Esta iniciativa plantea una reforma regulatoria que reintroduzca la revisión obligatoria de precios para la totalidad de los contratos públicos, incorporando además los costes de personal como factor revisable.

De manera inmediata y circunstancial, el planteamiento contempla reactivar el mecanismo de revisión extraordinaria de precios contemplado en el Real Decreto-ley 3/2022, que fue creado originalmente ante la guerra en Ucrania. Se propone ajustar su redacción para permitir su aplicación de forma automática y eficiente, respondiendo al contexto actual de incremento de precios. ANCI subraya que estas medidas resultan imprescindibles para mantener la competitividad empresarial, garantizar la continuidad de servicios públicos y salvaguardar el interés colectivo.