El PP votará en contra del decreto de prórroga y control de precios en alquileres

La representante del Partido Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha confirmado que su formación se pronunciará en contra del decreto ley impulsado por el Ejecutivo que contempla la prórroga automática de los contratos de arrendamiento que finalicen en 2026 y 2027, estableciendo además un techo del 2% en los aumentos de renta durante ese período. Esta posición se hará efectiva en la votación prevista para el martes en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones realizadas en el programa 'Parlamento' de RNE, Muñoz ha argumentado que considera inefectivas estas medidas y ha subrayado que la garantía de derechos de los arrendatarios y colectivos en situación vulnerable constituye una obligación estatal, no una carga que deba recaer sobre los dueños de inmuebles.

La dirigente del PP ha afirmado que la resolución de la crisis habitacional no puede lograrse transfiriendo la responsabilidad a los propietarios, sino que debe ser el Estado quien asuma este compromiso.

El decreto ya se encuentra en vigor tras haber sido aprobado en sesión del Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque requiere el respaldo del Congreso para su convalidación. La votación está fijada para el 28 de abril, y la negativa del PP se sumará a la de otras fuerzas políticas como Vox y Junts, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad del decreto.

Muñoz ha señalado que el PP respaldó una medida comparable durante la crisis sanitaria, justificando su cambio de criterio actual en la desaparición de las circunstancias "excepcionales" que caracterizaban aquel período. Conforme a su análisis, prolongar esta intervención agravería la situación del mercado inmobiliario, reduciendo la disponibilidad de viviendas y dificultando el acceso para colectivos vulnerables.

La portavoz también ha cuestionado severamente la estrategia habitacional del Gobierno, calificándola como desacertada y observando que es identificada por la ciudadanía como una de las cuestiones prioritarias, de conformidad con datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). De igual forma, ha rechazado la propuesta del ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, para mantener conversaciones sobre una eventual adhesión del PP al decreto, argumentando que Sumar, socio minoritario de la coalición gubernamental, tiene sobrada conocimiento de la posición del Partido Popular.

La representante ha enfatizado la importancia de avanzar en la simplificación de requisitos administrativos, la erradicación de ocupaciones irregulares y la provisión de certidumbre legal para los actores del sector inmobiliario. Muñoz ha calificado las intervenciones en el mercado, especialmente los límites de precios, como un rotundo fracaso.