56 reclusos de ETA obtuvieron semilibertad mediante artículo 100.2 desde 2003, genera controversia judicial

La aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para otorgar semilibertad a integrantes de ETA ha generado una disputa entre los órganos judiciales y la administración penitenciaria. Según una respuesta parlamentaria fechada el 9 de abril, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias concedió este beneficio a 56 presos vinculados con la organización terrorista desde 2003 hasta septiembre de 2021, momento en que las competencias penitenciarias pasaron al Gobierno vasco.

El Partido Popular solicitó información específica sobre la utilización de este artículo para miembros de ETA durante ese período. La respuesta gubernamental indicó que el artículo 100.2 permite un modelo de ejecución que combina elementos de distintos grados de clasificación, supervisado por las Juntas de Tratamiento. En el período analizado, se emitieron 11.264 resoluciones bajo este precepto, de las cuales 97 correspondieron a delitos terroristas y 56 específicamente a personas ligadas a ETA.

El magistrado José Luis Castro cuestionó severamente esta práctica el 22 de abril al revocar las decisiones del Ejecutivo vasco de conceder semilibertad a María Dolores Soledad Iparraguirre, conocida como 'Anboto', y Juan Ramón Carasatorre. El juez de Vigilancia Penitenciaria plantea la necesidad de revisar el artículo 100.2 para exigir control judicial previo antes de su aplicación inmediata.

Organizaciones de víctimas del terrorismo, incluyendo la AVT y Covite, denuncian que estos beneficios constituyen una amnistía encubierta. El Ejecutivo nacional sostiene que las decisiones se fundamentan en evaluaciones de profesionales sobre las circunstancias individuales de cada recluso, sujetas a supervisión final del juez de Vigilancia Penitenciaria.

Entre 2003 y 2021 se aprobaron 158.457 resoluciones relacionadas con tercer grado, de las cuales 128 correspondieron a delitos terroristas y 68 a personas vinculadas a ETA. El Gobierno insta al Ejecutivo vasco a facilitar información sobre los reclusos de ETA en las prisiones de esa comunidad desde que asumió las competencias en 2021.