A un año del apagón histórico, la responsabilidad sigue sin definirse pese a múltiples investigaciones

Transcurrido un año desde el apagón que dejó sin suministro eléctrico a millones de habitantes en España y Portugal, las investigaciones realizadas por diferentes entidades no han logrado establecer de forma concluyente quién fue responsable del evento. Pese a los análisis llevados a cabo por el Ministerio para la Transición Ecológica, Entso-E (Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad) y la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), el origen del fallo sigue siendo objeto de debate.

El Ministerio para la Transición Ecológica fue la primera institución en presentar sus hallazgos, caracterizando el incidente como un fenómeno "multifactorial" asociado a episodios de sobretensión y fallos en las desconexiones de centrales generadoras. Por su lado, Entso-E emitió un análisis más exhaustivo durante marzo del presente año, determinando que se trató de un suceso "sin precedentes" originado por la confluencia de múltiples circunstancias. Ambas entidades propusieron reforzar la coordinación operativa de la red y mejorar los mecanismos de vigilancia del sistema eléctrico.

La CNMC presentó un documento de naturaleza consultiva casi un año después de ocurrido el apagón. Aunque no señaló responsables específicos, la comisión destacó que existían suficientes dispositivos de protección que hubieran podido evitar la catástrofe. No obstante, la CNMC ha abierto 55 procedimientos sancionadores contra diversas compañías del sector eléctrico, entre ellas Red Eléctrica de España (REE), Iberdrola y Endesa, por posibles violaciones de normativa.

Desde la perspectiva política, la Comisión de Investigación del Senado, dirigida por el PP, ha responsabilizado al Gobierno, a REE y a la CNMC del suceso, argumentando "inacción regulatoria". Paralelamente, una nueva comisión constituida en el Congreso de los Diputados ha iniciado sus trabajos con planteamientos análogos, lo que sugiere una nueva fase de recriminaciones mutuas sin resolver el verdadero origen del problema.

En el plano económico, el apagón ha generado consecuencias significativas para el funcionamiento del mercado eléctrico. El sistema ha requerido un mayor uso de servicios de ajuste, incrementando los costes del mercado regulado. Aunque el precio de la electricidad ha experimentado una reducción gracias a la creciente participación de fuentes renovables, la necesidad de realizar continuos balances entre oferta y demanda ha elevado el coste de los servicios de respaldo. De acuerdo con datos de Selectra, estos gastos alcanzaron en marzo un máximo histórico de 27,6 euros por MWh, representando un aumento considerable comparado con el período anterior.