PP exige explicaciones al Gobierno por tercerizar la regularización de migrantes con Tragsa

El Partido Popular ha demandado explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto al recurso a la empresa pública Tragsa para gestionar el proceso de regularización de migrantes, cuestionando la legalidad y conveniencia de esta decisión.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha manifestado a Europa Press que la administración pública atraviesa una situación de saturación derivada de la carencia de medios asignados al decreto de regularización, lo que podría derivar en un "coladero" de solicitudes sin control adecuado.

Según la dirigente popular, la decisión constituye una improvisación del Gobierno, ya que Tragsa carece de las competencias necesarias para ejecutar estas funciones. Gamarra ha enfatizado que sindicatos, el Consejo de Estado y los cuerpos de seguridad han manifestado su oposición a esta medida, insistiendo en que corresponde a los funcionarios públicos la responsabilidad de estos trámites administrativos.

El PP alerta sobre los riesgos de seguridad que podría generar un proceso deficientemente supervisado, advirtiendo que la falta de recursos suficientes facilitaría actividades delictivas. La formación conservadora critica que el Ejecutivo haya optado por políticas carentes de planificación y acuse a terceros de victimización para eludir sus responsabilidades.

En lugar de ampliar las plantillas de personal, el Gobierno ha implementado un "plan de emergencia" basado en horas extraordinarias y ampliación de jornadas laborales, además de la externalización de funciones a Tragsa. El PP también ha denunciado que el Gobierno rechazó una enmienda popular en la Ley de Multirreincidencia orientada a fortalecer los equipos, argumentando consideraciones de impacto fiscal.

El grupo parlamentario ha presentado varios interrogantes en el Congreso dirigidos al Ejecutivo para esclarecer su estrategia operativa. Los populares solicitan detalles sobre la planificación de recursos humanos y los refuerzos previstos para las brigadas de extranjería, así como una comparativa de costes entre el plan de emergencia y un fortalecimiento estructural permanente de las plantillas.

El PP también cuestiona por qué se ha preferido la tercerización con Tragsa frente al refuerzo permanente de los equipos, cuál es el impacto en la carga de trabajo y la calidad de los servicios en los departamentos afectados, y si el Gobierno cuenta con un análisis del impacto en la capacidad operativa de las comisarías para prevenir el colapso administrativo que se anticipa.