La Audiencia Nacional realiza evaluación médica de Jordi Pujol para determinar su capacidad de declarar en juicio por enriquecimiento ilícito

El tribunal de la Audiencia Nacional ha programado para este lunes un examen médico forense del expresidente catalán Jordi Pujol, de 95 años, en su sede de San Fernando de Henares en Madrid. La evaluación forma parte del procedimiento judicial que enjuicia a la familia Pujol por supuesto enriquecimiento ilícito.

Según una providencia judicial, Pujol deberá presentarse a las 9:30 horas para ser evaluado por el médico forense. Los magistrados le han requerido que aporte la documentación médica que considere pertinente para la valoración de su estado de salud.

Las declaraciones de los demás acusados, incluyendo a los siete hijos del expresidente, está previsto que comiencen a partir de las 10:00 horas. Durante la intervención de Pujol, será obligatoria la presencia del médico forense. El tribunal ha dispuesto además la asistencia de un intérprete de catalán para los días de declaraciones programados para el 27, 28 y 29 de abril.

En noviembre de 2025, cuando dio inicio la vista oral, el tribunal autorizó a Pujol a seguir las sesiones desde su domicilio en Barcelona tras argumentos de su defensa sobre problemas de salud. En esa ocasión, los peritos forenses informaron que padece un trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto, combinando características de Alzheimer y tipo vascular.

El doctor Jaume Padrós, médico de confianza del expresidente, ha manifestado recientemente que Pujol no se encuentra en condiciones para participar presencialmente en el juicio. Según Padrós, el paciente sufre enfermedades degenerativas y progresivas, manteniéndose estable aunque levemente más deteriorado que hace varios meses. El facultativo ha señalado que el expresidente carece de capacidad para defenderse adecuadamente, destacando que sus dificultades de memoria le impiden tanto construir un relato coherente como participar en argumentaciones dialécticas.

Los cargos que enfrenta la familia Pujol incluyen asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles, delitos contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. La Fiscalía Anticorrupción solicita para Jordi Pujol nueve años de prisión y una multa de 204.000 euros, mientras que para sus hijos pide condenas que van de ocho a veintinueve años de cárcel.

Los acusados enfrentan imputaciones por haber constituido una presunta organización criminal que habría acumulado patrimonio durante décadas utilizando su influencia política. En 2014, Pujol reconoció públicamente la existencia de fondos en el extranjero, atribuyéndolos a una herencia de su padre, Florenci Pujol. Explicó que su progenitor mantenía esos recursos fuera de España por temor a posibles repercusiones sobre un político tan expuesto como él, considerando su proximidad a los años treinta y cuarenta del siglo pasado.

El juicio se prolongará previsiblemente hasta mediados de año.