Seopan advierte: España requiere 407.000 millones en infraestructuras durante diez años

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha presentado un diagnóstico preocupante sobre las necesidades de inversión del país. Según sus cálculos, España deberá destinar 407.341 millones de euros a infraestructuras en la próxima década, cifra que engloba tanto labores de conservación como proyectos de nueva construcción y modernización.

El desglose de estas necesidades revela que solo el mantenimiento de las instalaciones existentes demandará 127.341 millones en diez años, lo que se traduce en aproximadamente 12.700 millones anuales. Este gasto se distribuye entre diferentes sectores: las carreteras requieren 58.369 millones, la red ferroviaria 20.280 millones y las infraestructuras hidráulicas 48.692 millones.

De manera paralela, la construcción de nuevas infraestructuras implicaría una inversión adicional de 280.000 millones de euros, completando así el panorama de necesidades del sector.

Julián Núñez, presidente de Seopan, ha alertado sobre la grave situación de infrafinanciación que atraviesa el país. En sus declaraciones, señaló que la inversión prevista para 2024 representa apenas el 52% de los recursos destinados a infraestructuras en 2009. Esta tendencia negativa se refleja también en sectores críticos como el transporte y el abastecimiento de agua, cuya participación en el presupuesto público ha caído del 3,9% en 2008 al 1,7% en 2024.

Frente a este panorama, Seopan plantea una reorientación estratégica basada en tres pilares: incremento de la inversión pública directa, reactivación de las asociaciones público-privadas y exploración de nuevos mecanismos de financiación.

Entre las iniciativas propuestas destaca la introducción de un sistema de peaje viario, que Seopan estima podría generar 43.260 millones en una década. Este modelo operaría con un costo de 111 euros anuales por usuario y los ingresos se canalizarían hacia el mantenimiento de carreteras, la transición hacia energías limpias y la modernización digital. Además, el sistema produciría ingresos tributarios adicionales a través del Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices) en 2.680 municipios.

Núñez también abordó los riesgos inflacionarios que enfrenta el sector. Las proyecciones apuntan a incrementos de precios entre el 3,2% y el 3,6% para 2026, agravados por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio. Para contrarrestar estos efectos, el directivo propone recuperar mecanismos de actualización de precios contemplados en el Real Decreto-ley 3/2022, eliminando los límites vigentes y revisando los conceptos ajustables vinculados a energía y costos laborales.

Finalmente, Núñez enfatizó la necesidad de modernizar el marco regulatorio de la contratación pública. Propone ajustes técnicos específicos en la Ley de Contratos del Estado para resolver obstáculos operativos, garantizar el cumplimiento de cronogramas y evitar la aplicación de reglas de desindexación en licitaciones públicas, con el objetivo de fortalecer una colaboración entre sectores público y privado más productiva y eficiente.