Congreso rechazará la prórroga de alquileres ante la oposición unificada de PP, Vox y Junts

El Congreso de los Diputados se apresta a debatir y votar mañana martes el decreto legislativo que incluye la prórroga automática de contratos de arrendamiento que vencen durante 2026 y 2027. No obstante, la iniciativa enfrenta un escenario desfavorable, pues carece del respaldo indispensable para prosperar ante la cerrada oposición del Partido Popular, Vox y Junts, que en conjunto disponen de mayoría absoluta.

La medida ha estado vigente desde su aprobación el 20 de marzo en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Además, incluye un límite en la revisión anual de rentas en los contratos de vivienda. Desde entonces, voceros de Sumar han exhortado a los arrendatarios a solicitar directamente a sus propietarios la prórroga automática de sus acuerdos. Como ocurre con todo decreto legislativo, el Parlamento debe ratificarlo o desestimarlo en un plazo de treinta días, conforme establece la Constitución.

Bustinduy busca negociar con Junts

El titular de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha manifestado confianza en que el decreto sea aprobado. En su intento por obtener el voto favorable de Junts, ha instado al PSOE a plantear ofertas compensatorias, entre ellas la aplicación de un tipo de IVA reducido para trabajadores autónomos e incentivos tributarios destinados a los propietarios. Sin embargo, tanto el PP como Vox y Junts han comunicado su decisión de votar en contra de la norma.

Desde el principio, Vox se ha opuesto firmemente al texto, al igual que los populares. La portavoz del grupo del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha argumentado que los mecanismos planteados "no funcionan" para resolver la emergencia habitacional y que, en realidad, podrían agravar el problema.

El PP sostiene que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intensificado la crisis de vivienda más allá de los niveles que existían antes de su llegada al Gobierno.

Conflictos políticos y distanciamientos

Muñoz ha calificado como "nefasta" la política de vivienda del Gobierno, imputándole la responsabilidad de haber deteriorado la situación desde que Sánchez asumió el poder. Junts, por su lado, ha dejado patente su rechazo al decreto, una posición que se ha visto intensificada tras los comentarios de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien caracterizó a la formación de Puigdemont como "clasista y racista". Tales declaraciones impulsaron a Puigdemont a romper lazos con Sumar, lo que reduce significativamente las opciones de que los independentistas respalden la medida.