Confebus exige al Gobierno renegociar contratos de transporte público ante crisis energética

La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha dirigido una petición formal al Gobierno para que proceda a la revisión excepcional de los contratos públicos en los servicios de transporte escolar, interurbano y urbano. Esta demanda responde a la escalada sin precedentes en los precios de los combustibles, originada por el conflicto bélico con Irán.
Según el comunicado de la patronal, la falta de actualización de las condiciones económicas en estos acuerdos contractuales pone en peligro la continuidad operativa de centenares de empresas concesionarias, a pesar de su historial consistente en la prestación de servicios públicos.
El conflicto, iniciado el 28 de febrero, ha generado volatilidad significativa en los mercados energéticos. El precio del crudo ha alcanzado máximos superiores a 100 dólares por barril en múltiples ocasiones. En el mercado español, el gasóleo ha experimentado un incremento de aproximadamente 40 céntimos por litro, situándose en una media superior a 1,80 euros. El gas natural, por su parte, ha registrado aumentos superiores al 30%, alcanzando valores cercanos a 44 euros por MWh.
Este encarecimiento ha modificado sustancialmente la estructura de costes operacionales del sector. El combustible, que tradicionalmente representaba entre el 25% y el 35% de los gastos de explotación, ahora se aproxima al 40%, generando un desafío económico considerable para las empresas transportistas.
Confebus ha calificado como insuficientes las medidas implementadas hasta el momento: una bonificación general de 20 céntimos por litro y una ayuda de 975 euros para vehículos que utilizan gas. Además, la organización lamenta que los autobuses de propulsión eléctrica hayan quedado excluidos de estos beneficios.
La confederación subraya que la revisión extraordinaria de los contratos públicos resulta "imprescindible" para evitar que la inflación y la crisis energética generen un impacto insostenible en el sector. Enfatiza que el episodio inflacionario reflejado en el IPC de marzo, fuertemente influenciado por componentes energéticos, afecta tanto a la ciudadanía como a las empresas de transporte, las cuales "no pueden soportar de manera individual" el peso de la escalada de costes.
Confebus demanda intervenciones "urgentes y extraordinarias", haciendo hincapié en la necesidad de mitigar los efectos adversos de la Ley de Desindexación, normativa que restringe la actualización de tarifas en los contratos suscritos con la Administración.
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