El Tribunal de Cuentas expone la gestión de 12,87 millones en fundaciones políticas durante 2021 y 2022

Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, compareció este martes en el Congreso para presentar el análisis final sobre las fundaciones ligadas a partidos políticos. El documento examina la gestión de 12,87 millones de euros por parte de estas organizaciones durante el bienio 2021-2022.

El informe pone de relieve la desigual distribución de recursos entre las distintas fundaciones. La Fundación Concordia y Libertad del Partido Popular fue la principal receptora de fondos públicos, mientras que la Fundación Disenso de Vox, dirigida por Santiago Abascal, concentró el mayor volumen de aportaciones privadas, provenientes fundamentalmente del partido.

En contraste, la Fundación Pablo Iglesias del Partido Socialista cerró el período con resultados negativos.

Las subvenciones públicas totalizaron 4,93 millones de euros en los dos años analizados: 2,39 millones en 2021 y 2,53 millones en 2022. La Fundación Concordia y Libertad acaparó casi dos millones de estos recursos. La FAES de José María Aznar no aparece en el análisis tras su desvinculación del Partido Popular.

Los fondos públicos provinieron principalmente de los Ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores. El Tribunal de Cuentas recomendó al Gobierno que exija la inscripción de estas entidades en el registro del Ministerio del Interior como requisito para acceder a subvenciones.

En materia de donaciones privadas, las fundaciones reunieron 7,93 millones de euros. La Fundación Disenso encabeza este apartado con más de cinco millones, casi íntegramente procedentes de Vox. Esta situación motivó que el PSOE solicitara una auditoría especial de Disenso, aunque una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción fue posteriormente desestimada.

La Fundación Sabino Arana del PNV acumuló 1,42 millones en aportaciones y subvenciones durante los dos años fiscalizados.

Siete fundaciones presentan patrimonio neto negativo al cierre de 2022. La Fundación Pablo Iglesias registra un déficit de 2,25 millones de euros, pese a haber recibido 1,38 millones en aportaciones y subvenciones. También constan la Fundación Eduardo Obregón del PRC, con 26.899 euros en números rojos, y la Sociedad Fundación Elkartu de Eusko Alkartasuna, en proceso de disolución con un saldo negativo de 709.162 euros.

El Tribunal detectó incumplimientos en el ingreso de donaciones en cuentas ordinarias y la falta de notificación de ciertos ingresos en efectivo. Sugiere fijar un importe mínimo obligatorio para que las donaciones de personas jurídicas sean notificadas.

Entre las fundaciones vinculadas a Izquierda Unida, menos de veinte presentaron sus cuentas dentro del plazo establecido. Tres incurrieron en incumplimiento: Por la Europa de los Ciudadanos, ahora Fundación de Estudios Críticos; el Instituto de Estudios Políticos en Valencia; y la Fundación Horacio Fernández Inguanzo del Partido Comunista en Asturias.

El Tribunal constató que varias fundaciones permanecieron inactivas durante 2021 y 2022, algunas en fase de disolución. Insta a los patronatos a acelerar este proceso, advirtiendo que no deben convertirse en simples depositarias de recursos partidistas.

Solo una quincena de fundaciones figura correctamente inscrita en el Ministerio del Interior, por lo que el Tribunal urge al Gobierno a actualizar este registro. Aunque las fundaciones políticas deben presentar auditorías de sus cuentas anuales, más de diez no cumplieron esta obligación. El Tribunal propone establecer un umbral mínimo de ingresos para garantizar el cumplimiento. Las auditorías presentadas resultaron todas favorables.