El Gobierno reformará la normativa de seguridad laboral en el Día Internacional de la Salud en el Trabajo

La administración española se propone actualizar su marco regulatorio en materia de seguridad y salud ocupacional, con la aprobación prevista para hoy del anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La coincidencia con el Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral reviste especial relevancia para esta iniciativa.

Los datos del Ministerio de Trabajo muestran una situación preocupante: durante los dos primeros meses de 2026 se han registrado 104 muertes de trabajadores, cifra que supera en seis casos la del mismo período del año anterior.

La propuesta de reforma, sometida a consulta pública en marzo, busca modernizar disposiciones que datan de 1995 y su reglamento de 1997, adecuándolas a las transformaciones que experimenta el mundo laboral contemporáneo. Entre los aspectos centrales figuran protocolos de reincorporación laboral tras períodos de inactividad prolongada, acompañados de actualización en materia de capacitación preventiva. Asimismo, los empleadores deberán garantizar tanto la salud física como psicológica de su personal mediante evaluaciones específicas al inicio y durante la vigencia de la relación contractual.

La reforma introduce cambios significativos respecto a las prohibiciones aplicables a menores de edad. Se prohíbe su contratación en espacios donde haya animales considerados peligrosos, en faenas de sacrificio animal a nivel industrial, en labores de automatización donde la remuneración dependa de productividad, así como en ambientes que exhiban contenido pornográfico o violento. Las restricciones abarcan igualmente trabajos que demanden capacidades físicas o mentales fuera de su alcance, además del manejo de equipos de riesgo.

Entre los objetivos transversales destaca la visibilización de riesgos emergentes en el entorno laboral: aquellos de naturaleza psicosocial, los vinculados a variaciones climáticas y los inherentes al desempeño remoto. La perspectiva de género se integra como elemento clave para asegurar protección equitativa en toda la población trabajadora.

El anteproyecto también refuerza derechos fundamentales, incluyendo la protección de la integridad física y moral, así como medidas contra la violencia y el acoso en contextos ocupacionales. Se contempla una revisión de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para precisar infracciones relacionadas con igualdad y no discriminación, con posibilidades de reducción sancionadora bajo determinadas circunstancias.

En apoyo a las empresas de menor dimensión, la reforma prevé asistencia técnica mediante agentes territoriales especializados y beneficios económicos para programas de formación en prevención dirigidos a organizaciones con plantillas inferiores a diez personas. Adicionalmente, se reducen los requisitos para establecer servicios de prevención internos y se adaptan disposiciones reglamentarias para validar debidamente a organismos con competencia especializada.

La iniciativa legislativa responde a la necesidad de fortalecer la tutela ocupacional frente a desafíos contemporáneos, integrando consideraciones sobre edad, diversidad generacional y consolidando estructuras preventivas en el tejido empresarial.