Administraciones locales reducen su plantilla en 28.400 empleados durante el primer trimestre

Las administraciones municipales españolas llevaron a cabo despidos masivos de 28.400 trabajadores en el primer trimestre de 2026, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Esta contracción de personal coincidió con el arranque de la regularización extraordinaria de migrantes en el país.

Conforme a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la plantilla de los ayuntamientos cayó desde 346.300 empleados en el trimestre anterior hasta 336.300 en el período reportado. El sindicato ha calificado esta reducción como una decisión irresponsable, considerando la sobrecarga administrativa que genera el proceso de normalización migratoria.

"Día a día observamos colas extensas de ciudadanos en las sedes de municipios de toda la geografía española tratando de resolver sus trámites", indicó CSIF. La organización sindical subraya que la regularización masiva de extranjeros está exponiendo las carencias estructurales de una Administración ya saturada, particularmente en los ámbitos municipales, de Extranjería, Seguridad Social y del Ministerio del Interior.

El sindicato enfatiza la urgencia de una transformación profunda en el modelo productivo nacional, destacando que el mercado laboral mantiene vulnerabilidades de largo plazo. En el marco de las movilizaciones del 1º de Mayo, CSIF ha resaltado que el desempleo alcanzó el 10,83%, mientras que el empleo retrocedió en 170.000 personas durante el trimestre, evidenciando la persistencia de fenómenos de precariedad y estacionalidad.

Otro aspecto crítico señalado por CSIF es la elevada tasa de temporalidad en el sector público, que se mantiene aproximadamente en el 27%, muy por encima de lo registrado en el sector privado. A pesar de que se han abierto convocatorias para consolidar empleos, el 23% de las plazas permanece sin cubrir, y numerosas aún no han sido publicadas. Según el sindicato, esto refleja ineficiencia y falta de compromiso político de las administraciones, incumpliendo así la Ley de Temporalidad y la Ley 20/2021.

CSIF ha planteado un conjunto de demandas para revertir esta situación. La organización exige la implementación de sanciones rigurosas para aquellas administraciones que abusen de la contratación temporal, así como la convocatoria de la totalidad de plazas permanentes en las futuras ofertas de empleo público. Igualmente, solicita acelerar los procesos de selección, cuyo plazo máximo actual de tres años es frecuentemente incumplido.

Tras un entendimiento previo con el Ejecutivo, CSIF también reclama la supresión de la tasa de reposición en próximas ofertas de empleo público, lo que permitiría a las administraciones ajustar sus necesidades de personal sin depender de figuras interinas.

Sin embargo, CSIF ha acusado al Gobierno de mantener en secreto las cifras de la oferta de empleo público para este año, limitando así el derecho de las organizaciones sindicales a participar en la negociación. El sindicato espera acceder a esta información antes de que sea presentada en el Consejo de Ministros.