El Ejecutivo acumula 33 fracasos legislativos tras la derogación de su octavo decreto

El Pleno del Congreso de los Diputados ha tumbado este martes un nuevo decreto ley del Gobierno de coalición, sumando así ocho medidas normativas revocadas desde que comenzó la actual legislatura. Esta nueva derrota se enmarca en un conjunto de 33 votaciones perdidas por el PSOE en materia de iniciativas legislativas durante las sesiones plenarias desarrolladas hasta la fecha. Además de los decretos ley derogados, el Parlamento ha rechazado dos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. El Pleno asimismo ha desestimado siete proposiciones legislativas impulsadas por el PSOE y seis presentadas por sus socios parlamentarios, aun contando con el apoyo del partido socialista. De forma paralela, se ha admitido a trámite una decena de normas, fundamentalmente promovidas por el Partido Popular (PP), frente a la oposición del PSOE.
La primera revocación de un decreto legislativo en este mandato ocurrió en diciembre de 2023 y concernía a cambios en la administración de Justicia. Posteriormente, se produjeron dos nuevos reveses en enero de 2025, cuando fueron anulados una imposición fiscal sobre compañías del sector energético y un decreto ómnibus que englobaba medidas de carácter social, tales como la revalorización de pensiones y subvenciones para el transporte público. Un nuevo contratiempo tuvo lugar en julio del año anterior, con la derogación de disposiciones orientadas a fortalecer el sector eléctrico. El denominado escudo social, que contemplaba incrementos pensionables y prohibiciones de desahucios y suspensiones de servicios básicos, también fue revocado a principios de 2026. Recientemente, en febrero, se anularon dos decretos vinculados con la suspensión de desahucios y la fijación de tarifas en circunstancias de urgencia.
En materia de proyectos de ley, el PSOE ha experimentado el fracaso de varias iniciativas de relevancia, entre ellas propuestas para reducir la jornada laboral a 37,5 horas y para institucionalizar la Agencia Estatal de Salud Pública. Durante mayo de 2024, la modificación de la Ley de Suelo fue retirada ante la insuficiencia de respaldo parlamentario. Tampoco han logrado prosperar otras iniciativas, como la senda de estabilidad presupuestaria y ciertos tratados internacionales, que han enfrentado limitaciones de índole legal o han sido rechazados por la oposición, particularmente por el PP.
Tanto el PSOE como sus aliados han experimentado el bloqueo de diversos proyectos legislativos. Entre estos se encuentran medidas referentes a la regulación de la prostitución, la reforma de la normativa en materia de extranjería, y propuestas de naturaleza social y económica. La acción coordinada de otras fuerzas presentes en la Cámara ha resultado decisiva para obstruir estas iniciativas.
En sentido contrario, ha continuado adelantándose una decena de proposiciones que han superado el filtro parlamentario a pesar de la resistencia socialista. Entre ellas figuran una que otorga nacionalidad a saharauis nacidos bajo administración española y varias impulsadas por el PP sobre manejo de recursos y cuestiones energéticas. No obstante, la mayoría parlamentaria conformada por PSOE y Sumar ha conseguido frenar su avance mediante la extensión de los periodos de enmiendas y la restricción del debate parlamentario.
En el plano político, esta legislatura ha presenciado censuras significativas dirigidas a varios ministros del PSOE, mientras que la oposición, encabezada por el PP, ha aprovechado la vulnerabilidad del Gobierno presentando votaciones pormenorizadas y segmentadas de sus propuestas, lo que incrementa las posibilidades de fracasos parlamentarios para el Ejecutivo. De forma similar, formaciones políticas como el PNV y ERC han recurrido a esta táctica en determinadas ocasiones.
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