Baleares obtiene mayor participación en la gestión de sus aeropuertos con aprobación legislativa

La cámara legislativa balear ha respaldado la iniciativa normativa sobre cogestión de infraestructuras aeroportuarias, fortaleciendo así la capacidad de la región para intervenir en la administración de sus puertos aéreos. Esta medida, que requiere modificaciones en la legislación nacional, será presentada ante el Congreso de los Diputados para su consideración.

La votación reunió amplias adhesiones políticas. MÉS per Mallorca, el Partido Popular, Més per Menorca y diputados sin afiliación partidaria conformaron la mayoría, acumulando 34 votos favorables. El PSIB y Unidas Podemos optaron por la abstención, registrando 19 votos, mientras que Vox fue la única formación que votó en contra, con 5 votos negativos.

La propuesta legislativa busca añadir una disposición complementaria al real decreto ley 13/2010, reafirmando que Baleares posee legitimidad para administrar sus instalaciones aeroportuarias y desarrollar políticas de aviación adaptadas a sus realidades. La intención es que la rentabilidad de estas actividades se traduzca en beneficios tangibles para los ciudadanos, mejorando su bienestar y protegiendo los recursos naturales. Este modelo permitiría a las administraciones regionales tomar decisiones sobre sus principales terminales de transporte aéreo.

La capacidad para determinar rutas comerciales y programar servicios de vuelos impactará significativamente en los flujos de turismo, sector vital para la economía del archipiélago.

Bajo el esquema actual, las regiones participan mediante órganos de coordinación aeroportuaria, pero la nueva ley pretende elevar su incidencia en estas estructuras. Se contemplan sesiones más frecuentes y resoluciones que vinculen a todas las partes interesadas, reforzando así la voz de las autoridades regionales. Estos comités funcionarían con dos delegados de la administración autonómica, cuatro de los consejos insulares, tres de gobiernos locales, cinco de representantes sindicales, empresariales y comerciales, además de funcionarios estatales y personal de Aena.

Durante los debates parlamentarios, la iniciativa incluyó disposiciones sobre transferencia de competencias y creación de una estructura administrativa independiente. No obstante, estas secciones fueron suprimidas tras negociaciones entre las formaciones políticas locales.

Josep Castells, vocero de Més per Menorca, argumentó que un modelo de administración particularizado resulta imprescindible dada la especificidad insular de la región. Ferran Rosa, de MÉS per Mallorca, manifestó desacuerdo con la postura abstencionista del PSIB, destacando el incremento de pasajeros y tarifas aéreas junto al proceso de privatización de Aena.

Margalida Pocoví, representante del PP, sostuvo que la cogestión se enmarca dentro de las políticas de regulación turística del Govern, enfatizando su carácter fundamental para influir en las decisiones aeroportuarias.

Marc Pons, del PSIB, expresó que la redacción original presentaba incompatibilidades con el ordenamiento constitucional y propuso adoptar un esquema similar al implementado en el País Vasco y Catalunya, con mayores probabilidades de obtener respaldo en el Congreso. Por el contrario, Vox censuró la alianza del PP con MÉS, cuestionando la capacidad institucional de la comunidad autónoma para asumir responsabilidades adicionales, considerando que el texto ha perdido su propósito original.