Vox reconoce beneficios puntuales de la prórroga de alquileres que votó en contra

Carlos Hernández Quero, portavoz de Vivienda de Vox, ha reconocido públicamente que el decreto ley destinado a prorrogar los contratos de alquiler con vencimiento en 2026 y 2027, rechazado por su formación en la Cámara Baja, sí proporcionaba ventajas inmediatas a los arrendatarios. La iniciativa, promovida desde Sumar, también contemplaba la limitación de incrementos de precios en alquileres al 2 por ciento.

El martes pasado, la coalición conformada por el PP, Vox, Junts y UPN consiguió derogar la norma en cuestión. Durante los debates parlamentarios previos, Quero justificó la posición contraria de su grupo señalando que, aunque determinados inquilinos de manera individual —incluyendo a su propia hermana— podrían obtener beneficios de la prórroga, el impacto negativo se manifestaría a futuro a través de mayores niveles de incertidumbre jurídica.

En declaraciones realizadas este sábado al programa radiofónico 'Parlamento' de RNE, el diputado insistió en que la norma implicaba modificaciones legales abruptas y sin transición. Según su argumentación, la literatura especializada en economía identifica estos cambios normativos bruscos como factores que generan una contracción significativa en la disponibilidad de viviendas para alquilar. Cuando emerge la inseguridad jurídica, explicó, los propietarios optan por sacar sus inmuebles del mercado, situación que se agrava considerando el aumento sostenido en la demanda habitacional.

Quero apuntó que la oferta residencial se ha reducido en más de un 50 por ciento desde 2020, fenómeno directamente relacionado con la escalada de precios observada. El decreto prorrogaba temporalmente los arrendamientos, conteniendo de manera provisional la salida de viviendas del mercado. No obstante, advirtió que una vez finalizada esta prórroga extraordinaria, numerosos propietarios procederían a retirar sus propiedades, profundizando la escasez. Esta no es una mera especulación, sino una conclusión respaldada por investigación académica, subrayó el parlamentario, alertando sobre el perjuicio desproporcionado que sufren los sectores de menor renta.

Como propuesta alternativa, el portavoz planteó incrementar la construcción de vivienda de régimen libre, expandir el parque residencial público y gestionar la demanda mediante controles. Criticó la llegada de tres millones de inmigrantes en un mercado ya saturado, lo cual, en su criterio, intensifica la presión inflacionista sobre los valores inmobiliarios. Conforme a información del Banco de España, la nación enfrenta un faltante de 700.000 viviendas, mientras que la incorporación de 600.000 personas anuales complica la situación existente. A pesar de que se construyen aproximadamente 90.000 viviendas cada año, esta producción resulta insuficiente para cubrir tanto el déficit como la demanda generada por la población que llega al país.

Como medida complementaria, Quero propuso establecer gravámenes muy elevados sobre la adquisición de inmuebles por fondos de inversión extranjeros y grandes corporaciones empresariales, con el objetivo de nivelar las condiciones competitivas para que pequeños propietarios puedan acceder al mercado en igualdad de circunstancias. La intención es desincentivar la participación de grandes operadores en el sector inmobiliario, aunque evitó caracterizar esta iniciativa como intervención estatal directa. La estrategia persigue garantizar que los propietarios independientes compitan en términos equitativos para la adquisición de viviendas.