Tres décadas de la toma de posesión de Aznar: alianzas nacionalistas y legado marcado por imputaciones

El próximo lunes 4 de mayo marca tres décadas desde que José María Aznar asumiera la presidencia del Gobierno español. Su llegada al poder en 1996 interrumpió más de trece años de gestión de Felipe González, iniciando un periodo que se identificaría con la expresión "España va bien", lema que definiría sus dos legislaturas hasta el 17 de abril de 2004.

Durante su gestión, Aznar impulsó la incorporación de España a la zona del euro en 2002 y construyó su estabilidad legislativa mediante acuerdos con fuerzas nacionalistas. Su administración también quedó vinculada al apoyo a la intervención militar en Irak durante 2003, decisión que Aznar ha defendido recientemente en un documental, negando haber cometido errores y aseverando que su Ejecutivo "expresó la verdad" respecto a los eventos del 11M. La Fundación FAES, dirigida por Aznar, mantiene que "España marchó bien y volverá a marchar bien".

Las alianzas que sustentaron el Gobierno

Tras los comicios del 3 de marzo de 1996, donde el Partido Popular consiguió 156 escaños en minoría, Aznar garantizó su confirmación mediante acuerdos con organizaciones de corte nacionalista. El Partido Nacionalista Vasco, Convergencia i Unió y Coalición Canaria resultaron determinantes para la viabilidad parlamentaria de su Ejecutivo.

El apoyo de los cinco representantes del PNV se aseguró el 30 de abril, tras negociaciones encabezadas por Aznar y Xabier Arzalluz, máximo dirigente del PNV. Los nacionalistas vascos presionaban por reformas en el Estatuto de Autonomía y cuestiones tributarias, aunque los compromisos finales se orientaron hacia acuerdos constitucionales regionales y espacios de cooperación institucional.

En Barcelona, el 28 de abril, se formalizó el pacto con CiU en el Hotel Majestic, que contemplaba la cesión de competencias a la Generalitat en ámbitos laborales y un nuevo sistema de financiación territorial. Los cuatro diputados de Coalición Canaria, igualmente relevantes para la mayoría, ratificaron su respaldo momentos antes de la audiencia de Aznar con la Corona.

Judicialización de la administración

El primer Gabinete de Aznar integró catorce ministros, una proporción significativa de los cuales se vería envuelta en procedimientos legales posteriormente. Rodrigo Rato, quien ejerció como vicepresidente y titular de Economía, fue condenado en relación con el escándalo de las tarjetas black durante su etapa en Bankia.

Mariano Rajoy, que comenzó como ministro de Administraciones Públicas, testificó recientemente en la causa Kitchen, vinculada a presuntas irregularidades en la financiación del PP. Francisco Álvarez-Cascos, desempeñando el cargo de vicepresidente primero, obtuvo sentencia absolutoria en un procedimiento por malversación de fondos.

La judicialización alcanzó a otros miembros del equipo ministerial. Cristóbal Montoro fue objeto de investigación por supuestas favoritismos hacia determinadas compañías del sector gasístico durante su responsabilidad en Hacienda. Eduardo Zaplana, en su rol de ministro de Trabajo, recibió imputación por presuntos delitos de blanqueo de capitales. Jaume Matas, relacionado con el caso Palma Arena, acumula varias condenas.

Ángel Acebes y Federico Trillo también comparecieron en procedimientos judiciales, el primero ligado a la salida a bolsa de Bankia y el segundo al accidente aéreo del Yak-42. Miguel Arias Cañete figuró en investigaciones sobre supuestos fraudes en el marco de Acuamed.

El legado de los Gobiernos de Aznar queda así atravesado por controversias en el ámbito internacional y por una serie de imputaciones que afectaron a ministros de su confianza.