El PP insiste en citar a funcionarios de Moncloa y la SEPI por el caso Indra

La Comisión Mixta para la Seguridad Nacional, bajo control del Partido Popular, ha reiterado su demanda de comparecencia de Manuel de la Rocha, titular de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de Moncloa, y Belén Gualda, al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los legisladores han fijado el 19 o 26 de mayo como fechas para estas sesiones, después de que ambos funcionarios no acudieran a la convocatoria anterior de la semana pasada.

La nueva citación responde directamente a la salida de Ángel Escribano de la presidencia de Indra. Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), la firma del exdirector, retiró su propuesta de fusión con Indra argumentando presiones ejercidas por el Ejecutivo y la SEPI. Ante estos hechos, el Partido Popular utilizó su mayoría en la mesa de la Comisión Mixta para tramitar nuevamente la solicitud de comparecencia.

Los populares han criticado duramente lo que califican como evasión de responsabilidades por parte de estos cargos públicos al no presentarse en la anterior convocatoria. El plazo para confirmar la asistencia vence el próximo lunes.

Desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo expresan su determinación de que en esta ocasión se produzcan las comparecencias. Los dirigentes del PP han subrayado que resulta "incomprensible" que funcionarios de rango eviten comparecer ante el Parlamento, recordando que en un sistema democrático la rendición de cuentas constituye una obligación fundamental, no una opción discrecional.

El partido de oposición ha acusado al Gobierno de eludir sistemáticamente el control parlamentario y ha señalado que la administración Sánchez actúa prescindiendo del respaldo legislativo. Para los populares, "los contratos y operaciones vinculados a Defensa y Seguridad Nacional ponen de manifiesto la falta de transparencia y el desprecio hacia las Cortes".

En su posición más contundente, el PP ha planteado que si el Ejecutivo no está dispuesto a cumplir sus obligaciones ni a ofrecer explicaciones, debería convocar elecciones y permitir la llegada de un gobierno que defienda genuinamente los principios democráticos y la responsabilidad ante el Parlamento.