Uber Eats reconoce deuda de 110 millones de euros por cotizaciones de 60.000 repartidores

La empresa de distribución de alimentos Uber Eats ha formalizado por escrito el reconocimiento de su adeudo a la Seguridad Social, que totaliza en torno a 110 millones de euros. El monto corresponde a aportaciones sociales no pagadas de aproximadamente 60.000 repartidores que operaban bajo la modalidad de trabajadores por cuenta propia, según informaron fuentes vinculadas al procedimiento.

Durante enero, Uber Eats comunicó públicamente su decisión de discontinuar la colaboración con repartidores clasificados como autónomos en el territorio español. Con esta acción, la compañía da cumplimiento a su compromiso de regularizar las contribuciones de su personal, quienes se encontraban inscritos como trabajadores independientes, incumpliendo así los estándares establecidos por la normativa conocida como 'Ley Rider'.

El organismo de inspección laboral inició en julio del año anterior un proceso de supervisión destinado a verificar si el sistema de contratación implementado por Uber Eats se ajustaba a las regulaciones aplicables, que demandan el reconocimiento de estos trabajadores en calidad de empleados. Tras la conclusión de este procedimiento en marzo, se determinó una deuda de 110 millones de euros en aportaciones no satisfechas y se registraron formalmente 60.000 casos de falsos autónomos.

Esta regularización se enmarca dentro de un movimiento más amplio de reforzamiento de obligaciones empresariales. Similar a lo que sucede con Glovo, estas medidas contemplan la posibilidad de procesos judiciales. El Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Yolanda Díaz, ha estado garantizando que las empresas de distribución cumplan con la 'Ley Rider', en vigencia desde agosto de 2021. Esta legislación requiere que las compañías de reparto digital contraten a sus repartidores en condición de asalariados.

La 'Ley Rider' establece la presunción de relación laboral para los repartidores de plataformas digitales, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que reconoce a estos trabajadores como empleados dependientes y no como trabajadores autónomos.

Esta normativa surgió de una negociación que incluyó al Ministerio de Trabajo, las centrales sindicales CCOO y UGT, así como las organizaciones patronales CEOE y Cepyme. La ley regula las relaciones laborales entre las plataformas de distribución y sus trabajadores, garantizando el respeto de los derechos que corresponden a los empleados.