Madrid confisca 323 viviendas turísticas irregulares durante 2025 y ordena cierre de 315 adicionales

La administración municipal madrileña consiguió devolver a uso residencial 323 pisos destinados al turismo de forma irregular durante el ejercicio 2025. En paralelo, emitió mandatos de interrupción de actividades para otros 315 inmuebles, cerró procedimientos en 137 tras regularizar su situación legal y aplicó 117 sanciones por falta de autorización, siendo 110 de ellas de 30.000 euros cada una.

El volumen de recuperaciones experimentó un crecimiento del 10,2% frente a 2024, año en el que se recuperaron 293 unidades, y mostró un alza del 32,9% comparado con el período anterior a la puesta en marcha del Plan Reside.

Las medidas contra el alojamiento turístico no autorizado han funcionado de manera coordinada, partiendo de la paralización de operaciones y prosiguiendo con la imposición de multas significativas.

El documento de actividades de la Agencia de Actividades, que será examinado en sesión del Consejo Rector celebrada este jueves, recoge que durante 2025 se presentaron 1.408 quejas ciudadanas sobre estas viviendas, cifra que supera en un 9% la del año previo. Sin embargo, la cantidad de inmuebles denunciados resultó inferior, indicando una acumulación previa de reclamaciones enfocadas en los mismos establecimientos.

El reporte anual consigna la apertura de 607 procedimientos para restaurar la legalidad urbanística, lo que representa un incremento del 23,8% respecto a los 490 trámites iniciados en 2024. Durante 2025, las sanciones económicas crecieron un 27% en comparación con el ejercicio anterior, incluyendo una penalización extraordinaria de 60.000 euros. Asimismo, se ejecutaron 144 multas coercitivas con importes entre 1.000 y 3.000 euros.

Desde el área de Urbanismo se enfatiza que la estrategia desplegada frente a los alojamientos turísticos clandestinos ha sido multidimensional, iniciando con el cese de la actividad y continuando con la aplicación de castigos económicos, generando así un amplio restablecimiento de la legalidad al interrumpirse las operaciones turísticas en numerosos domicilios.

En abril de 2024, el consistorio lanzó una iniciativa integral que contempló la paralización provisional de nuevas autorizaciones, sanciones más rigurosas, ampliación del personal inspector y la divulgación de un registro de alojamientos turísticos autorizados. Este esfuerzo se complementó con el Plan de Inspección Urbanístico reforzado. Como resultado, las inspecciones ejecutadas en 2025 aumentaron un 169%, mientras que los inmuebles identificados se duplicaron respecto al período anterior.

El Plan Reside, iniciado en septiembre de 2025 bajo supervisión del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, persigue salvaguardar la función residencial y trasladar la actividad turística fuera de las zonas de vivienda convencional.