Fondos europeos desviados para pagar pensiones ante insuficiencia presupuestaria

El Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto que durante noviembre de 2024, el Gobierno español acudió a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para sufragar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas. La decisión respondió a la carencia de dotación presupuestaria originada por mantener vigentes los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Según el informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024, la insuficiencia de recursos destinados a obligaciones "inaplazables" de pensiones motivó dos reajustes presupuestarios en ese mes, financiados con saldos disponibles del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Las autoridades consideraron que estas operaciones no comprometerían la ejecución del Plan de Recuperación ni la absorción de estos fondos comunitarios.

Sin embargo, el Tribunal advierte que la fundamentación legal de esta operación gubernamental requería una argumentación más sólida, toda vez que persiste "incertidumbre" respecto a los límites para utilizar estos saldos disponibles durante 2024. El organismo subraya la necesidad de fortalecer la justificación de los sustentos jurídicos cuando se emplean recursos europeos para cubrir vacíos de financiación presupuestaria.

La prórroga presupuestaria mantuvo la asignación para pensiones en los mismos términos de 2023, lo que provocó una subestimación de 1.008,4 millones de euros en el ejercicio 2024.

En paralelo, el Tribunal constata que el patrimonio neto de la Seguridad Social permanece en terreno negativo por octavo año seguido, superando los 106.000 millones de euros. El sistema depende significativamente de los préstamos estatales, que en 2024 alcanzaron 126.170,2 millones de euros, equivalentes al 7,91 % del PIB.

El organismo fiscalizador enfatiza la urgencia de implementar medidas que garanticen la viabilidad financiera de la Seguridad Social en los próximos años. Igualmente, subraya que la Deuda del Estado cerró 2024 en 1,46 billones de euros.

El informe también detecta un "significativo déficit estructural" en la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, que alcanza 2.677,3 millones de euros.