Récord de ingresos tributarios no compensa el crecimiento acelerado de la deuda pública

La inflación ha potenciado la recaudación tributaria del Estado a niveles sin precedentes. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha arrancado la campaña de la Renta en un contexto de precios al alza generalizado, donde la política de incrementos impositivos se ha convertido en la marca distintiva de la gestión fiscal. Desde que Pedro Sánchez accedió a la presidencia, se han implementado más de 100 subidas tributarias en distintos niveles, con particular incidencia en el impuesto de Sociedades.

Sin embargo, este panorama de ingresos récord contrasta dramáticamente con la evolución de la deuda pública. Durante los ocho años de gobierno del ejecutivo progresista liderado por el PSOE, el pasivo se ha incrementado en aproximadamente 510.000 millones de euros. La deuda pasó de 1,21 billones de euros al cierre de 2018 a 1,72 billones en febrero de 2026.

Esta situación resulta aún más paradójica considerando que los ingresos tributarios establecen nuevos máximos trimestre tras trimestre. El ejercicio 2025 cerró con un crecimiento del 10,4% en los ingresos, alcanzando los 325.356 millones de euros. La tendencia se mantiene en el presente ejercicio, con alzas cercanas al 10% hasta febrero, según los últimos registros disponibles de la AEAT.

Durante el pasado año, la aplicación de medidas tributarias y cambios normativos generó una recaudación adicional de 7.820 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones de Hacienda. Este resultado proviene de un aporte positivo de 10.798 millones por incrementos impositivos, del cual se restan 2.978 millones de impacto negativo.

En términos globales, la AEAT registró un incremento recaudatorio de 30.622 millones de euros en 2025. Los datos permiten estimar que aproximadamente uno de cada tres euros de esta recaudación adicional proviene directamente de las subidas tributarias aplicadas durante ese período. La administración tributaria intensifica la presión sobre las bases imponibles del sector privado, mientras que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado permanece estancada desde hace tres años.

El déficit público del ejercicio anterior se situó en 40.330 millones de euros, permitiendo a España cumplir con el límite establecido por Bruselas—inferior al 2,5% del PIB—con una ratio del 2,39%. Esta cifra habría sido aún menor de no mediar los recursos destinados por el Estado y la Comunidad Valenciana para atender los efectos del desastre climático de finales de 2024, que requirió una inversión de 3.550 millones durante el año pasado.

Lo verdaderamente inquietante es la desproporción entre el aumento de la deuda y el desequilibrio presupuestario. Mientras el déficit de 2025 alcanzó 40.330 millones, el incremento interanual del pasivo público fue de 77.652 millones de euros. Esta diferencia de 37.322 millones permanece sin explicación clara en los registros públicos.

La divergencia se acentúa cuando se observa que la deuda crece casi al doble del ritmo del déficit anual, cuando en términos netos ambas cifras deberían mantener una relación más próxima. Independientemente de estos cálculos, la realidad de las últimas dieciocho años permanece inalterada: el contribuyente español enfrenta una carga tributaria creciente, pero este esfuerzo fiscal no resulta suficiente para contener el gasto público. La próxima campaña de declaración de la renta se presenta con los mismos desafíos de siempre para los contribuyentes.