Estudio revela deficiencias graves en la selección de consejeros de empresas participadas por SEPI

Un informe de la Fundación Hay Derecho expone las carencias significativas en el desempeño de los consejeros que integran los órganos de gobierno de empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El análisis, que constituye un trabajo pionero en la materia, concluye que estos administradores no cumplen con estándares adecuados de mérito, capacidad e independencia.

La investigación aplica una metodología rigurosa sustentada en criterios objetivos y referencias de la OCDE, examinando variables como formación académica, trayectoria en gobierno corporativo, experiencia gestora, especialización sectorial e independencia respecto a influencias políticas. El documento identifica carencias persistentes en competencia, preparación y cualificación en el proceso de designaciones, además de la ausencia de mecanismos abiertos, públicos y competitivos.

Germán J. Arenas, responsable principal de la investigación, subraya una característica distintiva: la convivencia de administradores con sólida formación técnica junto a otros cuyo perfil responde fundamentalmente a trayectorias político-administrativas. Este fenómeno sugiere que criterios distintos al mérito profesional determinan los nombramientos. Arenas documenta cómo perfiles claramente políticos transitan frecuentemente entre cargos gubernamentales y posiciones en consejos de administración.

El análisis examina organizaciones de elevada importancia estratégica como Redeia, Indra, Telefónica y Talgo, empresas que gestionan infraestructuras críticas en sectores neurálgicos como energía y telecomunicaciones. Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, subraya que la calidad de la gobernanza en estas corporaciones trasciende sus límites organizacionales, impactando al conjunto de la población.

Redeia, operador del sistema eléctrico nacional, recibe atención particular en el informe. Elisa de la Nuez, secretaria general de la fundación y directora del estudio, fundamenta la relevancia del análisis en episodios críticos previos, como el apagón masivo registrado. El enfoque se concentra en evaluar el perfil de quienes dirigen estas empresas, reconociendo que sus decisiones repercuten directamente en el interés colectivo.

El documento identifica un problema de naturaleza sistémica en el mecanismo de selección de consejeros, donde coexisten especialistas técnicos con figuras de procedencia político-administrativa. Arenas enfatiza que cuando el Estado decide mantener participación accionaria en una empresa, debe comportarse como propietario profesional, activo, transparente y responsable, iniciando este compromiso con la designación cuidadosa y fundamentada de miembros del consejo.

Las recomendaciones finales del informe incluyen establecer requisitos de capacitación obligatoria para consejeros, fijar criterios públicos y verificables de idoneidad, implementar procesos de selección públicos y competitivos, minimizar la incidencia de factores políticos en nombramientos, y reforzar mecanismos de transparencia y responsabilidad ante la sociedad.