Díaz impulsa sanciones obligatorias para empresas que eludan compromisos de responsabilidad social
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado la creación de mecanismos sancionadores contra las organizaciones que incumplan sus obligaciones en Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En su intervención durante el lanzamiento de "Una nueva Agenda para la Responsabilidad Social Empresarial", Díaz enfatizó que la ausencia de castigos significativos convierte los compromisos empresariales en meras opciones sin vinculación real.
La ministra subrayó que "la competitividad de Europa debe construirse sobre la innovación y la justicia social", argumentando que España requiere de un organismo autónomo encargado de fiscalizar el cumplimiento normativo en esta materia. "No podemos seguir dependiendo de la buena voluntad para garantizar que se cumplen", expresó, defendiendo además la aplicación de sanciones acordes al perjuicio ocasionado y a la capacidad financiera de cada empresa.
El evento marcó la presentación del informe "Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial", resultado del trabajo de una comisión de especialistas constituida en 2025 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El documento actúa como herramienta de exigencia corporativa, priorizando la defensa de derechos laborales y ambientales.
Jesús Cruz, quien preside la Comisión de expertos, presentó el análisis que Díaz calificó de "riguroso, valiente y oportuno". La ministra recordó que la RSE constituye una línea estratégica ministerial recientemente revitalizada, destacando la reactivación del CERSE tras casi una década de inactividad.
El informe incluye un análisis comparativo sobre la posición española respecto a estándares internacionales, proporcionando indicadores de evaluación y recomendaciones para mejorar. Propone asimismo establecer un régimen sancionador proporcional al daño causado y a la capacidad económica de cada organización.
El acto reunió a organizaciones comprometidas con la responsabilidad empresarial, incluyendo Amnistía Internacional España y Greenpeace España, que debatieron propuestas y desafíos actuales, así como incumplimientos registrados por grandes corporaciones. Representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme participaron en discusiones sobre mejoras en este campo.
Amparo Merino, secretaria de Estado de Economía Social, cerró el evento afirmando que "empresas que no consideran la RSE una carga, sino parte de su modelo, requieren reglas exigentes para evitar competir en desventaja frente a aquellas que externalizan sus costes mediante derechos vulnerados". Subrayó que la RSE debe transitar desde un ámbito de voluntariedad hacia uno de obligaciones y consecuencias.
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