Bélgica amplía embargos contra España a 840 millones por laudos de energías renovables

Bélgica ha ampliado significativamente a aproximadamente 840 millones de euros los embargos dirigidos contra España como consecuencia del no pago de laudos arbitrales vinculados a los recortes aplicados al sector de energías renovables. Los fondos bloqueados provienen principalmente de ingresos que España percibe mediante Enaire, la entidad de gestión del tráfico aéreo, según reportaron abogados que representan a los acreedores.

Entre los casos que fundamentan estos embargos se encuentran Eurus Energy, RREFF y Operafund. La acumulación de estas medidas de embargo refleja la complejidad de una disputa legal que se extiende a múltiples jurisdicciones.

Con el propósito de desbloquear estos fondos, España ha planteado la posibilidad de consignar los montos reclamados en una cuenta de depósito judicial en Bélgica, conocida como mecanismo de escrow. Sin embargo, esta estrategia no implica un pago directo a los inversores. Según fuentes consultadas, Madrid buscaría reducir el monto embargado a 250 millones de euros mediante este procedimiento. Los abogados de los acreedores argumentan que esta oferta socava la posición defensiva de España respecto a sus argumentos de inmunidad de ejecución.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto de relieve que la legislación judicial belga permite practicar embargos sobre activos sin otorgar audiencia previa al Estado demandado. En respuesta, España ha presentado recursos contra estas medidas y cuenta con respaldo de la Comisión Europea, que ha iniciado un procedimiento de infracción contra Bélgica por reconocer laudos arbitrales en contra de España, lo que podría constituir una violación de normativa sobre ayudas estatales.

La exposición de España a múltiples embargos y sentencias en distintos territorios representa un riesgo significativo para su reputación internacional, con potenciales consecuencias si no se alcanza una solución satisfactoria con los acreedores.

El ejecutivo español mantiene que el depósito constituido no representa abandono alguno de sus derechos ni debilita sus posiciones jurídicas en relación con la inmunidad de ejecución y la regulación de ayudas estatales. El pasivo total derivado de estos laudos supera los 2.310 millones de euros cuando se incluyen gastos financieros y honorarios legales.

La presión internacional se intensifica a través de procesos en otras jurisdicciones. En los Países Bajos, los acreedores han conseguido embargar la sede del Instituto Cervantes ubicada en Utrecht. En Estados Unidos, siete resoluciones judiciales ordenan el pago de 688 millones de euros en concepto de indemnizaciones. Procedimientos equiparables avanzan en Reino Unido y Australia, donde las decisiones respaldan las demandas dirigidas contra España.

El ministerio español ha identificado que los ejecutantes en estos procedimientos no son las empresas originalmente afectadas, sino Blasket, un fondo de inversión que ha adquirido laudos contra España para promover su ejecución en el extranjero. Asimismo, ha enfatizado que los procesos en curso en Estados Unidos permanecen sujetos a apelación, y confía en que la Corte Suprema estadounidense emita una resolución favorable que impida la ejecución de los laudos en territorio norteamericano.