Vivienda, educación y sanidad: pilares en crisis del bienestar español

Tres organizaciones de referencia—Oxfam Intermón, la Fundación Alternativas y 1º de Mayo—han presentado ante el Consejo Económico y Social un diagnóstico preocupante sobre la situación social del país. El VII Informe sobre la desigualdad en España 2026 identifica fracturas profundas en sectores clave que comprometen la protección social y el bienestar ciudadano.

Las brechas estructurales en el acceso a la vivienda, la oferta educativa de calidad y la equidad sanitaria emergen como amenazas críticas. El documento constata que casi ocho de cada diez españoles reconocen un nivel elevado de desigualdad en sus sociedades, con impacto desproporcionado sobre colectivos vulnerables: personas con menores ingresos, mujeres, jóvenes y poblaciones racializadas.

Olga Salido, catedrática de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y codirectora del análisis, subraya que la desigualdad no constituye un fenómeno inmutable, sino un proceso moldeado por dinámicas económicas, demográficas y tecnológicas, junto a las expectativas colectivas y la construcción identitaria. Desde esta perspectiva, las políticas públicas y el marco institucional juegan un papel determinante.

El deterioro del poder adquisitivo

La inflación ha generado efectos distributivos regresivos, agravando las disparidades económicas. Tanto trabajadores como pensionistas han visto mermar su capacidad de compra, al quedar los incrementos salariales rezagados respecto a la escalada de precios. Tres de cada diez encuestados manifiestan que sus ingresos resultan insuficientes para una existencia digna, porcentaje que ha ascendido desde 2023. El fenómeno inflacionario ha incidido de forma desigual en hogares endeudados y en aquellos dependientes de rendimientos financieros.

Vivienda: la crisis sin resolver

La problemática habitacional se retrata como un "escenario desolador" y la raíz fundamental de la desigualdad. El 45% de la población consultada expresa preocupación por la crisis de la vivienda, siendo arrendatarios quienes sufren las consecuencias más agudas: el 73,6% de este colectivo percibe la presión de esta situación. El informe demanda un Acuerdo de Estado que impulse la construcción de vivienda social y asequible, así como la aplicación inmediata de la Ley de Vivienda.

Deficiencias en servicios públicos fundamentales

En materia sanitaria, el análisis identifica carencias en la cobertura del Sistema Nacional de Salud, reclamando universalidad efectiva y transparencia en tiempos de espera y dotación de recursos. En educación, urge combatir la repetición de curso, la falta de certificación académica y el abandono temprano, junto a la reducción de la segregación en centros concertados y la expansión de plazas públicas en educación infantil.

Reforma fiscal como respuesta

Para revertir estas dinámicas, el documento propone una transformación tributaria que incremente la progresividad y la capacidad de recaudación. Se plantean medidas sobre la tributación del patrimonio y la persecución de paraísos fiscales, adaptando las intervenciones económicas a las realidades específicas de los grupos en situación de vulnerabilidad.