La morosidad en alquiler eleva significativamente los riesgos financieros de los propietarios

La morosidad en el sector de alquiler representa una amenaza creciente para la estabilidad financiera de los propietarios españoles, según señala la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) en su análisis reciente. Aunque la legislación establece marcos de protección para ambos actores del mercado, la distribución del riesgo resulta desigual entre arrendadores e inquilinos.

Anualmente, miles de procedimientos de desahucio por falta de pago se tramitan en los juzgados españoles. El tiempo requerido para recuperar una vivienda tras el incumplimiento inicial supera frecuentemente los diez meses, generando una brecha temporal que afecta directamente a los propietarios.

Mientras que ambas partes enfrentan incertidumbres contractuales, SEAG subraya que el arrendador soporta la carga más significativa desde el punto de vista económico y patrimonial, particularmente cuando surgen situaciones de impago. El propietario arriesga un activo inmobiliario fundamental y sus flujos de ingresos proyectados, mientras que enfrenta gastos judiciales, deterioro de la propiedad y reducción inmediata de rentabilidad. El inquilino, por su lado, se expone a la pérdida de su depósito garantizado y a reclamaciones por daños materiales, además de potenciales responsabilidades relacionadas con el mantenimiento de habitabilidad y servicios básicos.

Según el análisis de SEAG, los impactos económicos pueden alcanzar cifras que superan los 15.000 euros por caso, transformando la actividad de arrendamiento en un centro generador de costos en lugar de una fuente consistente de ingresos.

Daniela Salinas, responsable del área jurídica de SEAG, enfatiza que las consecuencias económicas para los arrendadores resultan particularmente severas. Las rentas no percibidas constituyen entre el 70% y el 80% del impacto total, con procedimientos judiciales que se extienden meses. Considerando rentas mensuales entre 800 y 1.000 euros, la acumulación de impagos puede alcanzar entre 10.000 y 13.000 euros.

Los gastos de naturaleza legal representan entre el 5% y el 10% del costo total, incluyendo honorarios de abogados, procuradores y aranceles, que oscilan entre 800 y 1.500 euros. El deterioro físico de la vivienda añade entre el 10% y el 15% adicional, con reparaciones que pueden costar entre 1.500 y 3.000 euros dependiendo de las condiciones en que se recupere el inmueble. Otros conceptos, como servicios no pagados y tasas administrativas, generan gastos suplementarios de 500 a 1.000 euros.

SEAG concluye que resulta fundamental fortalecer mecanismos que equilibren adecuadamente la protección de propietarios e inquilinos, garantizando así la viabilidad y funcionamiento ordenado del mercado de alquiler.