Tribunal Supremo examina múltiples recursos contra la regularización extraordinaria de migrantes

El Tribunal Supremo ha convocado una sesión para este miércoles con el propósito de examinar diversas demandas dirigidas a paralizar cautelarmente el real decreto que el Gobierno aprobó para llevar a cabo la regularización extraordinaria de migrantes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha citado a Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid para que expongan sus argumentos contrarios a esta iniciativa, según confirmaron fuentes jurídicas.

El Ejecutivo comparecerá representado por la Abogacía del Estado, que asumirá la defensa del decreto durante la vista. En esta audiencia, cada una de las partes presentará sus posiciones ante la corte respecto a la eventual suspensión de la medida mientras se sustancia el análisis de fondo.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el real decreto podría beneficiar a aproximadamente 250.000 solicitantes de asilo, además de un contingente similar de personas en situación irregular.

Hazte Oír ha solicitado al tribunal supremo la suspensión cautelar del decreto, argumentando que trasciende los límites normativos establecidos y modifica de manera fundamental la estructura de la política migratoria estatal, generando consecuencias directas y permanentes.

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha alertado sobre la existencia de un riesgo evidente de daño sin posibilidad de reparación, haciendo hincapié en el procesamiento de una cantidad extraordinaria de expedientes y la constitución de situaciones jurídicas individuales que podrían resultar en la concesión de permisos de residencia y trabajo.

Vox, a través de su dirigente Ignacio Garriga, ha cuestionado duramente la medida, sosteniendo que producirá la legalización e institucionalización de la invasión migratoria y transmitirá un mensaje inequívoco al exterior de que en España el acceso irregular conlleva recompensas.

La Comunidad de Madrid, bajo la administración de Isabel Díaz Ayuso, también ha presentado un recurso, sustentándolo en que la regularización genera un impacto severo en la prestación de servicios públicos madrileños sin establecer mecanismos de financiación ni provisión de recursos suficientes, además de infringir la normativa comunitaria y comprometer la seguridad.

El real decreto fue aprobado en abril por el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante ese mismo mes, el Supremo requirió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la documentación administrativa correspondiente para proceder a su examen exhaustivo.