Sumar exige transparencia sobre subvenciones agrícolas a la familia real de Emiratos Árabes Unidos

El grupo parlamentario Sumar ha presentado interrogantes al Ejecutivo con el propósito de esclarecer si la familia real de Emiratos Árabes Unidos ha accedido a fondos de la Política Agraria Común (PAC) mediante un entramado de empresas bajo su control. Los diputados Toni Valero (IU) y Júlia Boada (Comuns) han formulado estas cuestiones en el Congreso, basándose en un análisis investigativo de 'ElDiario.es' y otras publicaciones europeas.

Según la investigación mencionada, la familia real emiratí habría captado aproximadamente 71 millones de euros en subvenciones del sistema comunitario entre 2019 y 2024, canalizadas a través de un grupo empresarial. Los parlamentarios subrayan su inquietud respecto al dominio que agentes foráneos a la Unión Europea podrían ejercer sobre un sector agrícola de relevancia estratégica.

La presencia de Al Dahra Europe en Lleida habría originado una "estructura de monopolio", generando consecuencias adversas para productores y cooperativas de la región, conforme señalan los diputados.

De acuerdo con el análisis disponible, la compañía Al Dahra Europe controla 65.000 hectáreas de terreno agrícola en territorio europeo, operando en España a través de seis centros ubicados en Lleida y Aragón. Cabe destacar que el 98% de lo que produce en el país se destina a mercados externos. Valero y Boada alertan sobre el riesgo de que España esté canalizando ayudas públicas que distorsionen la competencia agrícola y transfieran de manera encubierta fondos comunitarios al exterior.

En sus interpelaciones al Gobierno, los legisladores requieren detalles acerca del volumen de ayudas percibidas por el holding y cuestionan si tales prestaciones podrían perjudicar la competencia en el mercado español y europeo. Asimismo, instan al Ejecutivo a evaluar si la financiación indirecta a una de las dinastías más acaudaladas del planeta podría suponer una modificación en la gestión de los recursos de la PAC y si podría representar un menoscabo a la soberanía estatal.