La Audiencia Nacional solicita ampliación de facultades para enfrentar el crimen transnacional
La Audiencia Nacional ha planteado una reforma institucional destinada a ampliar significativamente su ámbito de actuación, fundamentalmente en la persecución del narcotráfico de alcance internacional. El tribunal busca además obtener facultades para investigar y procesar delitos vinculados al tráfico clandestino de patrimonio cultural y operaciones de lavado de dinero con repercusión transfronteriza.
La iniciativa responde a un acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Juan Manuel Fernández, que incorpora recomendaciones conjuntas de las Fiscalías adscritas a la Audiencia Nacional y la Fiscalía Antidroga. Ambas instituciones han enfatizado la urgencia de revisar y actualizar las atribuciones del tribunal para fortalecer su respuesta ante modalidades emergentes de delincuencia.
Entre los cambios propuestos figura la potestad de investigar tráfico de estupefacientes sin necesidad del requisito tradicional de que los hechos se perpetren en varios territorios provinciales, siempre que concurran factores de envergadura o complejidad que lo justifiquen.
La propuesta responde a las limitaciones detectadas en los juzgados provinciales para gestionar asuntos de especial dificultad, según ha señalado la Fiscalía. Paralelamente, la Audiencia propone incorporar en su competencia los delitos de blanqueo de capitales, tráfico clandestino de bienes culturales y explotación de personas, cuando sean ejecutados por estructuras criminales transnacionales u ostenten una dimensión internacional. En cuanto a la explotación de personas, el tribunal destaca la necesidad de intervenir cuando las redes operen más allá de los límites de una comunidad autónoma.
El tribunal también propone asumir atribuciones en materia de ciberdelincuencia que ponga en riesgo infraestructuras esenciales, tales como sistemas eléctricos, redes de transporte o entidades del sector financiero.
La Sala de Gobierno remitirá esta propuesta al Consejo General del Poder Judicial para que evalúe una posible reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que permitiría la expansión de competencias solicitada.
Esta iniciativa cobra especial relevancia en el contexto del quincuagésimo aniversario del tribunal, que se conmemorará en enero de 2027, momento que la institución considera propicio para replantearse su estructura y capacidades de cara a los desafíos contemporáneos, asegurando su efectividad en la defensa del ordenamiento constitucional.
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