Casi cuatro de cada cinco españoles vinculan los alquileres turísticos con la escasez de vivienda asequible

Una investigación llevada a cabo por el Ateneo del Dato, impulsada por el grupo europarlamentario The Left, ha puesto de manifiesto la preocupación ciudadana sobre el impacto de los alquileres vacacionales en el mercado de la vivienda. La encuesta, que contó con la participación de 2.200 personas, arrojó resultados concluyentes: el 79,2% de los españoles estima que las viviendas turísticas están menguando la disponibilidad de inmuebles para alquilar a largo plazo.

Los datos revelan múltiples factores que explican esta percepción. El 76,2% de los consultados señala los alquileres por temporada y habitación como determinantes en la contracción de la oferta tradicional. Paralelamente, el 75,8% atribuye el problema a la adquisición de propiedades con fines especulativos, mientras que el 71,6% identifica la concentración de activos inmobiliarios en pocas manos como un obstáculo significativo. Los inquilinos expresan particular inquietud ante esta última cuestión en comparación con el resto de la población.

Apoyo masivo a regulaciones del mercado

La eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, impulsó esta encuesta que ha documentado un respaldo generalizado hacia medidas de control sobre alquileres de corta duración y contratos por habitación. La ciudadanía muestra especial entusiasmo por la Proposición de Ley en tramitación parlamentaria. El 78,1% respalda la limitación de comisiones inmobiliarias, depósitos y otros costes derivados de los contratos de alquiler. Un 75,8% favorece la reducción de tarifas de temporada en zonas de mercado tensionado, mientras que el 71,6% apoya convertir acuerdos estacionales en indefinidos bajo determinadas circunstancias.

Cataluña destaca por su respaldo particularmente firme a estas iniciativas, especialmente a la restricción de honorarios vinculados a este tipo de arrendamientos.

Perspectivas sobre precios y medidas complementarias

El estudio documenta que el 12% de los inquilinos actualmente reside bajo modalidades mensuales o de cuarto compartido. De este segmento, un tercio manifestaría preferencia por un contrato de larga duración si contara con esa posibilidad. Además, el 75% de los encuestados considera que los intermediarios inmobiliarios encarecen significativamente el acceso a la vivienda.

Respecto a protecciones sociales, el 72,6% respalda la paralización de desalojos para personas en situación vulnerable, especialmente cuando los inmuebles pertenecen a corporaciones o grandes propietarios. Este apoyo alcanza el 78,7% en Cataluña. De forma casi unánime, el 93,4% de los participantes califica los precios de alquiler como altos o muy altos.

La ciudadanía también expresa demandas de intervención más profunda en el mercado: el 59,6% considera imprescindible establecer límites sobre la cantidad de viviendas que una persona puede poseer. El 75% reclama imposiciones fiscales más gravosas para propietarios con dos o más inmuebles, y el 68,4% defiende la fijación de precios máximos de alquiler en sus respectivas áreas geográficas.

La investigación se ejecutó entre el 10 y el 16 de abril, formando parte de un análisis comparativo sobre percepciones habitacionales en España, Portugal, Italia y Grecia.