Reforma del copago farmacéutico: un sistema progresivo basado en ingresos entra en vigor

Un nuevo real decreto-ley publicado en el Boletín Oficial del Estado reforma sustancialmente el sistema de aportación farmacéutica de los usuarios. Aprobado por el Consejo de Ministros el martes, la normativa entra en vigor este jueves con el propósito de fortalecer la equidad en el acceso a medicamentos mediante la incorporación de nuevos tramos de contribución.

Para los usuarios activos y sus beneficiarios, el cambio más significativo es la expansión de los tramos de renta de tres a seis categorías. En el segmento de rentas anuales inferiores a 35.000 euros se fijan límites mensuales de aportación. Los contribuyentes con ingresos menores a 9.000 euros abonarán el 40% del copago, con un máximo de 8,23 euros mensuales. Quienes perciban entre 9.000 y 17.999 euros mantienen el mismo porcentaje con tope de 18,52 euros. Los que ganen de 18.000 a 34.999 euros pagarán el 45%, limitado a 61,75 euros al mes.

A partir de los 35.000 euros anuales, la estructura de contribución varía según tres nuevos tramos. Para ingresos de 35.000 a 59.999 euros se aplica el 45% sin límite mensual. Entre 60.000 y 99.999 euros el porcentaje sube al 50%, también sin techo. Finalmente, quienes superen los 100.000 euros anuales abonarán el 60% del copago sin restricción mensual.

El colectivo de pensionistas también experimenta cambios en su estructura de aportación. Los jubilados con rentas menores a 18.000 euros continuarán pagando el 10% con máximo de 8,23 euros mensuales. Se crea un nuevo tramo para pensionistas con ingresos entre 18.000 y 59.999 euros, que mantendrán el 10% de copago pero con límite reducido a 13,37 euros. Quienes perciban entre 60.000 y 99.999 euros pagarán el 10% con tope de 18,52 euros. Los pensionistas con ingresos superiores a 100.000 euros anuales abonarán el 60% del copago, limitado a 61,75 euros al mes.

La reforma busca corregir las inequidades evidentes del sistema vigente, priorizando la protección de pacientes con enfermedades crónicas y rentas bajas o medias. Esta iniciativa, coordinada por los ministerios de Sanidad y Hacienda, requiere una inversión presupuestaria estimada de 265,63 millones de euros.

El objetivo fundamental es evitar que las dificultades económicas se conviertan en obstáculo para la continuidad de los tratamientos, especialmente considerando el contexto actual de encarecimiento del costo de vida e incertidumbre económica internacional. Se preservan las exenciones vigentes para colectivos en situación vulnerable y se añade la exención para beneficiarios del complemento de ayuda para la infancia.

El modelo resultante propende hacia un copago más progresivo sin incrementar las aportaciones que estos grupos venían realizando. Análisis técnicos demuestran que porcentajes de aportación excesivos pueden comprometer la adherencia terapéutica, generando interrupciones o reducciones de tratamientos por razones económicas, con consecuencias negativas tanto para la salud individual como para la sostenibilidad del sistema sanitario.