Corte estadounidense amplía embargos contra España por demanda de energías renovables a 41 millones de euros

Un juzgado federal estadounidense con sede en el Distrito de Columbia ha aprobado nuevas acciones de embargo y confiscación de bienes pertenecientes a España, a solicitud de los acreedores vinculados a los laudos arbitrales sobre la reducción de incentivos a las energías renovables. La decisión judicial incrementa las autorizaciones de embargo en 41 millones de euros más, en el marco del litigio InfraRed, que forma parte de los arbitrajes internacionales originados por la supresión de subsidios a las energías limpias.

Mediante una orden dictada el 12 de mayo, la corte ha habilitado el inicio de procedimientos de ejecución coercitiva y la inscripción de la sentencia ante otros tribunales federales del país norteamericano con el propósito de localizar y embargar activos españoles. Este proceso judicial guarda relación con el arbitraje iniciado por InfraRed Environmental Infrastructure, que actúa a través de Blasket Renewable Investments.

El tribunal arbitral del Ciadi falló que España incumplió sus obligaciones conforme al Tratado de la Carta de la Energía, ordenando una indemnización inicial de 28,2 millones de euros.

Sin embargo, la prolongación del proceso ha elevado la cantidad reconocida por la justicia norteamericana hasta 47,6 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a 41 millones de euros, como resultado de los intereses devengados y los gastos procesales. En su pronunciamiento, el magistrado rechazó la petición de España para paralizar las acciones de ejecución, señalando que tal medida podría afectar negativamente la posibilidad de que los acreedores recuperen sus recursos, particularmente considerando que existen múltiples laudos pendientes y una disponibilidad limitada de bienes españoles susceptibles de embargo en territorio estadounidense.

Asimismo, el tribunal ha permitido registrar la sentencia ante cortes en otras jurisdicciones fuera de Washington D.C., estimando que España podría tener propiedades en otras regiones de Estados Unidos. La corte también ha confirmado que la identificación de activos y la recopilación de datos financieros relativos a bienes españoles ubicados en EE.UU. pueden proseguir. Entre las diligencias ya realizadas figuran requerimientos dirigidos a instituciones bancarias, bufetes legales y organizaciones vinculadas con la selección de fútbol de España y la Copa Mundial de 2026.

Representantes de los acreedores destacaron que el juez recordó que España no ha implementado acciones concretas para satisfacer el laudo. Indicaron que aunque el Gobierno sostiene que la normativa europea obstaculiza estos pagos, no ha presentado evidencia de haber solicitado permiso formal ante la Comisión Europea ni de haber utilizado otros medios disponibles para cumplir con la sentencia.