Abogado de empleados interinos recurrirá ante Bruselas la sentencia del Supremo

El letrado Javier Arauz de Robles ha comunicado su intención de elevar una protesta ante la Comisión Europea en contra de la resolución dictada esta semana por el Tribunal Supremo español, que circunscribe el reconocimiento de fijeza exclusivamente a aquellos trabajadores que hayan completado un procedimiento de selección. Arauz, promotor histórico de la demanda sobre abuso de temporalidad en la administración pública ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), estima que la decisión suprema posee carácter provisional, toda vez que permanecen pendientes múltiples cuestiones prejudiciales que requieren pronunciamiento del TJUE.

La sentencia emitida por el Supremo constituye, en opinión de Arauz de Robles, un avance significativo al reconocer por primera vez en dos décadas y media el derecho a la estabilidad laboral para determinados interinos. No obstante, cuestiona que tal estabilidad no se generalice a otros colectivos de empleados que hayan participado en distintas modalidades de procesos selectivos, circunstancia que, conforme al criterio del magistrado Rafael Antonio López Parada, infringe los principios de igualdad y ausencia de discriminación.

La resolución judicial introduce una novedad al conceder fijeza a ciertos interinos tras 25 años, pero su alcance limitado podría motivar futuras intervenciones tanto del tribunal comunitario como de las instituciones europeas.

Conforme a la interpretación de Arauz, el fallo del Supremo contempla para los empleados en situación de abuso temporal dos alternativas: la consolidación como fijos o el reconocimiento de una indemnización. Esta última se estructura en dos modalidades: una que extingue la relación laboral y otra de naturaleza compensatoria destinada a reparar perjuicios tanto morales como patrimoniales. Respecto a los daños de orden moral, las cuantías se ajustan a los criterios establecidos por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), que prevé compensaciones de hasta 10.000 euros.

El letrado pone de relieve que la sentencia no generaliza la fijeza a la totalidad de empleados públicos sometidos a abuso de temporalidad y subraya que, pese a las objeciones, la resolución insta al poder legislativo a adoptar medidas contundentes para resolver esta problemática. En su parecer, la magnitud del fenómeno de temporalidad demanda transformaciones legislativas que establezcan responsabilidades precisas en las instituciones administrativas.

Arauz de Robles mantiene la expectativa de que pronunciamientos subsecuentes del TJUE e iniciativas de la Comisión Europea obliguen a España a adecuarse a la normativa comunitaria. Prevé que el legislador habrá de identificar soluciones más satisfactorias y equilibradas para abordar el problema de la temporalidad en el sector público.