El PP propone eliminar la obligatoriedad de cita previa en la Administración y restablecer la atención presencial directa

El Partido Popular ha registrado una propuesta para debate parlamentario con el objetivo de eliminar la obligatoriedad de reservar cita previa al gestionar trámites ante la Administración General del Estado. La iniciativa busca garantizar que los ciudadanos puedan ser atendidos de forma presencial sin necesidad de cita y que la Administración implemente medidas organizativas capaces de compatibilizar tanto la atención directa como los servicios telemáticos.

Bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, los populares subrayan que la interacción entre ciudadanía y Administración Pública debe fundamentarse en criterios de accesibilidad, eficiencia, cercanía y orientación hacia el bien común. Recuerdan asimismo que la Ley de Procedimiento Administrativo Común reconoce a los ciudadanos el derecho a optar entre modalidad presencial o digital, excepto en casos expresamente regulados por normativa. Según el PP, convertir la cita previa en requisito imprescindible para recibir atención presencial constituye un obstáculo real para el ejercicio de derechos administrativos.

Aunque reconocen que el sistema de cita previa ha sido una herramienta organizativa válida desde la época de la pandemia, los populares insisten en que no debe transformarse en un mecanismo restrictivo. Denuncian que en numerosas entidades de la Administración General del Estado resulta sumamente complicado obtener una cita previa, frecuentemente con esperas muy prolongadas. Esta situación genera, en opinión del partido, incertidumbre legal y, en ciertos casos, extinción de derechos por caducidad de términos.

El PP defiende que la atención presencial, sin demoras y de forma inmediata, debe permanecer como una posibilidad real y accesible para la totalidad de los ciudadanos.

La proposición plantea retornar la cita previa a su carácter original: un mecanismo de naturaleza voluntaria que colabore en la organización de los servicios sin obligar a su utilización. Esta medida reviste particular importancia para los adultos mayores afectados por la exclusión digital o para quienes requieren soluciones urgentes.

En consecuencia, se insta al Pleno a que requiera al Gobierno la derogación de la obligatoriedad de cita previa como condición única para recibir atención presencial en las dependencias administrativas. Simultáneamente, se pretende asegurar que cualquier ciudadano que lo solicite reciba atención presencial y que se establezcan medidas operativas para conciliar la atención presencial, la telemática y la cita previa de carácter voluntario.