El Ministerio del Interior acumula una deuda de 76,3 millones de euros con las comunidades autónomas por servicios sanitarios penitenciarios

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias mantiene pendientes de liquidación 76,3 millones de euros en concepto de gastos sanitarios originados por la atención médica a la población penitenciaria desde 2018. En ese mismo período, se han efectuado pagos por valor de 121,4 millones de euros.

Madrid encabeza la relación de acreedores con una cantidad adeudada de 27,2 millones de euros, lo que supone más de una tercera parte del total de la deuda. Pese a esta situación, la comunidad madrileña ha recibido transferencias por importe de 21 millones de euros desde 2018, conforme a información obtenida a través de una respuesta parlamentaria.

En segundo término se sitúa Andalucía, con 14,8 millones de euros aún sin abonar, aunque previamente recibió transferencias de 9,9 millones. Otras regiones que presentan deudas considerables son Baleares (7,2 millones), Aragón (6,6 millones), Canarias (5,5 millones), Castilla y León (4,5 millones) y Galicia (3,4 millones).

La Administración Penitenciaria considera prioritario mejorar la prestación de servicios y funciones en el ámbito de la sanidad penitenciaria. El Ministerio del Interior ha manifestado su intención de avanzar en la transferencia de competencias sanitarias hacia las comunidades autónomas, tal como establece la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Hasta el momento, esta transferencia de competencias se ha materializado en el País Vasco (2011), Navarra (2021) y Cataluña, siendo esta última región la que realizó el traspaso antes de la entrada en vigor de la normativa actual. La disposición adicional sexta de dicha ley contempla la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud y su posterior transferencia a las comunidades.

Mientras no se complete este proceso de transferencia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha implementado medidas significativas para garantizar la cobertura sanitaria de los internos. El ministerio ha suscrito acuerdos con diversas comunidades autónomas relativos a asistencia sanitaria, interoperabilidad de historiales clínicos digitales y servicios de telemedicina. Tales convenios posibilitan que el personal médico de los centros penitenciarios acceda a información clínica registrada por los servicios sanitarios públicos, tanto en el nivel de atención primaria como en especializada, concerniente a los reclusos alojados en las instalaciones penitenciarias.