El Congreso estudia ampliar restricciones comerciales a Israel para incluir equipamiento policial

La Comisión de Defensa del Congreso examinará este jueves una iniciativa para ampliar el embargo vigente sobre transferencias a Israel, incorporando restricciones al material policial y sistemas de vigilancia que podrían ser empleados en territorios palestinos.

La propuesta, promovida por Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu, se enmarca en la actual situación de conflictividad en la Franja de Gaza y Cisjordania. El Congreso de los Diputados ya había sancionado en octubre de 2025 un embargo sobre comercio de armamento con Tel Aviv, respaldado por el Gobierno español, quien caracterizó las acciones israelíes en territorios palestinos ocupados como genocidio.

Desde octubre de 2023, cuando comenzó la ofensiva israelí tras el ataque de Hamás, existía una restricción de facto en el comercio militar con Israel, según precisó el presidente Pedro Sánchez.

Los datos comerciales revelan que en 2024 España exportó a Israel componentes por 1,45 millones de euros, aunque destinados a terceros países. Durante el primer semestre de 2025 no hubo exportaciones directas a Israel, conforme a registros de la Secretaría de Estado de Comercio. Desde octubre de 2023, el país ha denegado 219 licencias de exportación e importación de material de defensa. La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso ha rechazado 64 licencias de exportación y 4 de importación a Israel entre octubre de 2023 y enero de 2026.

Las iniciativas de Sumar, ERC y Bildu apuntan a prohibir cualquier transferencia a Israel de armamento, equipos, tecnología o componentes que pudieran transgredir el Derecho Internacional Humanitario o vulnerar derechos humanos.

Estas fuerzas políticas también plantean mantener la prohibición del tránsito de buques y aeronaves con material de defensa hacia Israel, además de reforzar controles para asegurar su cumplimiento. Igualmente, solicitan revisar riesgos y trazabilidad de exportaciones armamentísticas a Estados Unidos para prevenir usos que violen derechos fundamentales.

Las tres formaciones proponen que la Secretaría de Estado de Comercio suministre mayor información sobre destinos finales de armamento estadounidense, identificando unidades militares y organismos receptores como ICE y CBP. ERC va más allá al exigir suspender licencias de exportación a estas agencias mientras persistan vulneraciones de derechos y hasta garantizar formación adecuada en uso de la fuerza.

En posiciones divergentes, Vox aboga por eliminar restricciones para facilitar exportaciones a Israel, mientras que el Partido Popular busca reforzar controles sobre exportaciones a Irán, limitando autorización de productos susceptibles de represión interna. En 2024, España vendió a Irán productos como detonadores y software de control por más de 1,3 millones de euros, cuestión analizada en el contexto de protestas contra el régimen de Alí Jamenei.