Corte Suprema examina recursos contra regularización migratoria del Gobierno

La máxima instancia judicial española se reúne este viernes para analizar múltiples demandas que piden la paralización provisional del decreto ejecutivo relativo a la regularización extraordinaria de extranjeros. La sesión tiene lugar mientras se sustancia el fondo de la controversia. Inicialmente fijada para el 13 de mayo, fue trasladada por cuestiones de funcionamiento administrativo, según consta en un auto difundido por Europa Press.

Entre quienes han presentado peticiones de medidas cautelares figuran Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Administración regional madrileña. La Abogacía del Estado comparecerá para respaldar el decreto, sosteniendo que su suspensión vulneraría los derechos de los ciudadanos extranjeros beneficiarios y el bien común, conforme a un documento del que dispone la agencia de noticias.

Hazte Oír aduce que el decreto rebasa el marco normativo vigente y transforma sustancialmente la arquitectura de la política migratoria nacional, generando consecuencias inmediatas y permanentes. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica advierte sobre un riesgo manifiesto de daño irreversible, derivado de la magnitud extraordinaria de tramitaciones, la constitución de derechos individuales diferenciados y la concesión de permisos de permanencia y actividad laboral. Vox, en voz de Ignacio Garriga, cuestiona que se legalice lo que caracteriza como una invasión de población migrante e indica que transmite una señal inadecuada en el contexto internacional.

La región de Madrid, bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, sostiene que la medida genera un impacto severo en la capacidad de prestar servicios esenciales en su territorio sin contar con mecanismos de cofinanciación o dotación de fondos, además de incumplir normativa comunitaria y poner en riesgo la seguridad pública.

Durante abril, el Ejecutivo de Pedro Sánchez promulgó esta regulación, destinada a beneficiar a 250.000 demandantes de protección internacional y a otros 250.000 individuos sin estatus legal regular, según informes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En ese mismo mes, la Corte Suprema requirió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que aportara el "expediente administrativo" vinculado al decreto.