El Congreso se pronunciará sobre la propuesta del PP para acelerar desalojos y penalizar ocupaciones ilegales

El Congreso de los Diputados examinará y votará mañana una proposición de ley orgánica del Partido Popular destinada a enfrentar la ocupación ilegal de inmuebles. La medida contempla reducir tiempos de desalojo, impedir que ocupantes ilegales se empadronen, incrementar castigos penales y facultar a los dueños para suspender servicios de agua, electricidad y gas.

Entre las transformaciones legislativas previstas destaca la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer un plazo máximo de 24 horas para el desalojo de cualquier vivienda ocupada sin derecho legal, con posibilidad de ejecución forzosa transcurrido ese período. El PP también plantea separar conceptualmente la protección de "morada" de las situaciones de ocupación sin título, eliminando así el amparo legal que actualmente podrían reclamar los ocupantes ilegales ante actuaciones policiales.

La iniciativa busca que la interrupción de servicios a ocupantes ilegales no sea tipificada como coacciones.

Otro aspecto importante incluye la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para anular cualquier empadronamiento de ocupantes ilegales. En materia penal, la propuesta establece condenas de uno a tres años de cárcel para quienes ocupen una propiedad o usurpen derechos mediante violencia o intimidación. Las penas pueden agravarse conforme aumente la duración de la ocupación y los daños producidos, mientras que abandonos voluntarios dentro de las primeras 24 horas enfrentarían sanciones de trabajos en beneficio de la comunidad o multas económicas.

La reforma también contempla ocupaciones ejecutadas por organizaciones estructuradas. Toda persona que impulse o identifique inmuebles para ser ocupados ilegalmente sería considerada instigadora o cómplice.

Desde la perspectiva procesal penal, la propuesta incorporaría un nuevo precepto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitiendo al magistrado ordenar desalojo inmediato si los ocupantes no acreditan un título válido en 24 horas. Se contempla asimismo protección social en supuestos donde el desalojo afecte a menores o colectivos en situación de vulnerabilidad.

En el ámbito civil, la iniciativa del PP permitiría a propietarios y poseedores legítimos solicitar recuperación inmediata de sus viviendas. Se modificará también la Ley de Propiedad Horizontal para agilizar desalojos de ocupantes ilegales que realicen actividades perjudiciales o delictivas, incluyendo medidas preventivas como sellado de accesos para evitar futuras ocupaciones.

Finalmente, la norma prevé que en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor se adapte la legislación tributaria para permitir a los propietarios recuperar cantidades pagadas por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y sobre el Patrimonio durante el período de ocupación.