Zapatero imputado en investigación por presunto blanqueo en el rescate de Plus Ultra

La Audiencia Nacional ha abierto investigación formal contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la trama de Plus Ultra, acusándolo de participación en tráfico de influencias y delitos conexos relacionados con una presunta organización criminal.

El magistrado José Luis Calama ha dispuesto el registro de las oficinas del expresidente ubicadas en la madrileña calle Ferraz, además de tres entidades mercantiles adicionales, entre ellas una compañía de marketing vinculada a las hijas del exdirigente socialista, en virtud de sus posibles conexiones con la operación de rescate de la aerolínea.

La pesquisa se concentra en el destino de los 53 millones de euros que la Administración desembolsó como salvamento financiero a Plus Ultra durante la crisis sanitaria. Zapatero comparecerá ante el juez el próximo 2 de junio en calidad de imputado, momento en el que se levantará también el secreto de sumario.

En diciembre pasado, la investigación derivó en la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; su consejero delegado, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, tras orden del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que trasladó posteriormente la causa a la jurisdicción de la Audiencia Nacional.

Fondos desviados según la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción fundamenta su actuación en una denuncia que señala el "uso indebido" de los 53 millones concedidos por decisión del Consejo de Ministros en marzo de 2021. Según el organismo acusador, los recursos habrían servido para amortizar créditos que otras sociedades integrantes de una supuesta red delictiva habían otorgado a la aerolínea.

La denuncia, dirigida contra siete personas por blanqueo de capitales, identifica una organización criminal presuntamente radicada en Francia, Suiza y España, compuesta por extranjeros, españoles naturalizados y al menos un letrado español, dedicada al blanqueo de fondos en los tres territorios mencionados.

De acuerdo con la Fiscalía, el origen de los recursos ilícitos se remontaría a malversaciones de funcionarios públicos venezolanos de elevadísimo monto, provenientes específicamente de "fondos públicos de programas CLAP" —iniciativas gubernamentales para distribución de alimentos a precios reducidos— y de "ventas de oro del Banco de Venezuela".

La Fiscalía sostiene que Plus Ultra participó como firmante y receptora de presuntos contratos de financiamiento suscritos con tres entidades de la red criminal implicadas en transacciones de oro, instrumentos que permitieron efectuar devoluciones de fondos hacia cuentas exteriores de compañías pertenecientes a la organización delictiva en fechas inmediatamente posteriores a la recepción del subsidio público.

Transacciones de oro y activos de lujo

La denuncia detalla conexiones de la supuesta organización delictiva con "clientes que utilizan sus servicios y sobre los cuales existen indagaciones policiales y judiciales en curso". Asimismo, documenta operaciones de varias personas, frecuentemente mediante estructuras empresariales, orientadas a recibir remesas del exterior destinadas a la adquisición de propiedades inmuebles, así como la formalización de créditos a Plus Ultra que fueron pagados íntegramente.

Entre las operaciones mencionadas figura la venta de oro valorada aproximadamente en 30 millones de euros dirigida a una compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos, efectuada por la sociedad que facilitó los préstamos, junto con transferencias de capital desde esa misma entidad hacia otra empresa con cuenta en Panamá. La investigación también apunta a que transacciones de relojes de lujo pudieron servir como mecanismo para las actividades de blanqueo.