El Defensor del Pueblo demanda coordinación entre administraciones para resolver la crisis de vivienda

Ángel Gabilondo, en su rol como Defensor del Pueblo, ha hecho un llamado a las distintas administraciones para que trabajen de manera conjunta en la garantía del derecho a la vivienda, enfatizando que "únicamente mediante un acuerdo entre las diferentes administraciones se podría conseguir un avance significativo". Esta exhortación fue realizada durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, en el seno de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, oportunidad en la que presentó datos sobre su gestión: 38.762 expedientes tramitados y atención prestada a 44.278 ciudadanos durante el ejercicio anterior.

Desde junio de 2025, la institución ha puesto en marcha iniciativas por propia iniciativa dirigidas a todas las comunidades y ciudades autónomas, así como al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y a los diez ayuntamientos de las urbes más grandes del país. El objetivo ha sido recabar información sobre las estrategias implementadas para facilitar el acceso a vivienda con precios accesibles. Gabilondo enfatizó que este proceso continúa desarrollándose y subrayó el papel fundamental de la colaboración interinstitucional.

El informe elaborado por la institución identifica como principales obstáculos la insuficiencia de vivienda de carácter público y social, además de la ineficiencia y demoras en la tramitación de ayudas. Los ciudadanos han presentado reclamaciones sobre la dificultad para obtener viviendas con costos asequibles y sobre los prolongados tiempos de espera en los trámites de asignación de vivienda pública.

Gabilondo subrayó que los jóvenes, personas con rentas bajas y familias en situación de vulnerabilidad son los colectivos más afectados, enfrentándose a la imposibilidad de acceder a vivienda o viéndose obligados a destinar porcentajes significativos de sus ingresos al pago de alquiler, problemática que se intensifica en las grandes metrópolis y destinos turísticos. Entre las medidas recomendadas figuran la expansión del parque de vivienda pública destinada al alquiler, la optimización de los procesos de gestión de ayudas, la implementación de procedimientos transparentes en la asignación de viviendas y la regulación del alquiler de uso turístico. Asimismo, enfatizó la necesidad de proteger a los sectores vulnerables frente a procedimientos de desahucio, mientras se aborda simultáneamente el fenómeno de las ocupaciones no autorizadas.

El Defensor del Pueblo también alertó sobre los aumentos desmesurados en los precios de alquiler que están forzando a personas con ingresos laborales o pensionistas a abandonar sus residencias. De igual forma, destacó la urgencia de atender la problemática de los asentamientos precarios e infraviviendas, subrayando la importancia de que las administraciones ejecuten programas de realojo ágiles y efectivos.