Comisión de Defensa del Congreso examina ampliación del embargo a Israel para incluir equipos policiales

La Comisión de Defensa del Congreso celebrará un debate este miércoles para analizar la viabilidad de ampliar las sanciones comerciales contra Israel, incorporando en la restricción el material policial y de vigilancia. La propuesta proviene de las formaciones políticas Sumar, ERC y Bildu, quienes la fundamentan en las operaciones militares israelíes en territorios palestinos, específicamente en Gaza y Cisjordania.

El veto al comercio de armamento e implementos de defensa con Israel fue ratificado por el Congreso a principios de octubre de 2025, en coincidencia con operaciones militares en zonas palestinas que el Gobierno español ha caracterizado como genocidio. El bloqueo de facto comenzó en octubre de 2023, tras una ofensiva israelí desencadenada por la masacre perpetrada por Hamás. Durante 2024, España envió a Israel productos valorados en 1,45 millones de euros, destinados únicamente a terceros países como Filipinas y Estados Unidos. En los primeros seis meses de 2025, no hubo remesas comerciales hacia Israel.

La propuesta de ampliación pretende abarcar cualquier tipo de armamento, equipamiento, tecnología o piezas que pudieran facilitar incumplimientos del Derecho Internacional Humanitario o vulneraciones de Derechos Humanos.

Desde la entrada en vigor del embargo en octubre, se han desestimado 219 solicitudes de licencias para exportar e importar material de defensa hacia Israel. El organismo interministerial encargado de regular estas operaciones, la JIMDDU, ha denegado 64 licencias de exportación y cuatro de importación en el período comprendido entre octubre de 2023 y enero de 2026.

Sumar, ERC y Bildu buscan que las medidas restrictivas se extiendan al equipamiento policial y de vigilancia desplegado en Palestina, además de proponer prohibiciones al tránsito de embarcaciones y aeronaves cargadas con material de defensa destinado a Israel en legislaturas venideras. Asimismo, plantean mecanismos más rigurosos en la evaluación de riesgos y el seguimiento de las remesas de armamento, particularmente aquellas dirigidas a Estados Unidos, para evitar que se utilicen en violaciones de derechos fundamentales.

ERC y Bildu adicionalmente demandan que se cese el envío de armamento hacia el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y la Oficina de Protección Fronteriza estadounidenses mientras persista la impunidad en casos de vulneración de derechos humanos. Solicitan que la JIMDDU rechace las autorizaciones para exportar armas de fuego a Estados Unidos, argumentando los elevados índices de violencia armada que registra el país.

En otra línea, ambas fuerzas instan al Ejecutivo a agilizar los trámites de la Ley de Secretos Oficiales para desclasificar las actas de la JIMDDU, garantizando mayor transparencia en las operaciones de comercio armamentístico español. Igualmente, demandan una participación más activa en marcos como la Convención de Ottawa relativa a minas antipersona y la Convención de Dublín sobre municiones de fragmentación.

En contraparte, Vox y el PP presentaron iniciativas orientadas a flexibilizar las limitaciones hacia Israel y fortalecer el escrutinio sobre remesas dirigidas a Irán. Vox propone facilitar intercambios de tecnología militar con Israel, mientras que el PP enfatiza en prevenir exportaciones a Irán que contravengan los embargos vigentes, señalando que España comercializa detonadores y explosivos hacia el país persa.