Congreso examina ampliar restricciones comerciales a Israel con inclusión de material policial

La Comisión de Defensa del Congreso examinará y votará en sesión de este miércoles una iniciativa para ampliar las limitaciones comerciales con Israel, incorporando ahora equipos de vigilancia y materiales policiales empleados en territorios palestinos. Sumar, ERC y Bildu promueven esta medida en respuesta a las operaciones militares israelíes en Gaza y Cisjordania.

En octubre pasado, el Congreso ya había adoptado restricciones al comercio de armamento con Israel, buscando presionar a Tel Aviv durante sus operaciones en zonas palestinas, que el Ejecutivo calificó como "genocidio".

El presidente Pedro Sánchez señaló que esta prohibición formaliza una restricción que funcionaba de manera práctica desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó sus operaciones tras el ataque de Hamás. Durante 2024, España realizó exportaciones a Israel por 1,45 millones de euros, aunque dirigidas a países terceros como Filipinas y Estados Unidos. En el primer semestre de 2025 no se registraron envíos, conforme a datos de la Secretaría de Estado de Comercio. Desde octubre de 2023, España ha rechazado 219 permisos de exportación e importación de material de defensa y tecnologías de doble uso destinadas a Israel.

Tras la aplicación de las restricciones, se han denegado 151 licencias de comercio con Israel, demostrando el compromiso español con limitar la venta de armamento hacia el país.

ERC, Bildu y Sumar solicitan que la prohibición abarque cualquier armamento, tecnología o piezas que pudieran facilitar incumplimientos del Derecho Internacional Humanitario o vulneraciones de Derechos Humanos, incluyendo dispositivos de vigilancia en Palestina. Las propuestas de resolución, que integran el 'Informe de exportación de material de defensa' correspondiente a 2024, serán sometidas a votación este miércoles en la Comisión.

Asimismo, estos grupos parlamentarios demandan asegurar que el comercio de armas no propicie violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, mediante verificación rigurosa de los destinatarios finales. Además, instan a suspender las ventas de material armamentístico al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE) y a la Oficina de Protección Fronteriza mientras persistan las violaciones de derechos humanos.

ERC y Bildu también exigen modificar la Ley de Secretos Oficiales para desclasificar los registros de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior, incrementando la transparencia en el comercio de defensa español. Igualmente, reclaman un papel más protagonista del Gobierno en la promoción de tratados como la Convención de Ottawa y en el apoyo a medidas equivalentes contra armamento complejo como bombas de racimo.

En contraste, Vox ha presentado propuestas alternativas que buscan suprimir limitaciones a las exportaciones hacia Israel y revisar la postura europea sobre control de exportaciones tecnológicas y militares. El PP, en tanto, centra su atención en evitar que Irán acceda a productos duales y de defensa, tras comercialización en 2024 por más de 1,3 millones de euros, argumentando que el material no fue empleado en la represión de manifestaciones en diciembre de 2025.