España y Cataluña sellan pacto para expandir los Mossos a 25.000 efectivos para 2030

La administración central y la Generalitat de Cataluña han confirmado este miércoles un conjunto de acuerdos estratégicos con ERC que forman parte de los Presupuestos catalanes de 2026. Entre los compromisos adquiridos destaca la constitución de una entidad de inversiones estatal en Cataluña y la dotación presupuestaria para llevar los efectivos de los Mossos d'Esquadra hasta 25.000 en el año 2030.
Los pactos se han formalizado a través de las sesiones de la Comisión Bilateral, la Comisión Mixta de Transferencias y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, desarrolladas en la sede del Ministerio de Política Territorial. El ministro Ángel Víctor Torres y el conseller Albert Dalmau presidieron estas reuniones.
Un aspecto relevante de estos acuerdos es el impulso al proyecto de la línea orbital ferroviaria, que unirá las áreas metropolitanas entre Mataró y Vilafranca del Penedès, evitando el paso por Barcelona. Valorado en 5.200 millones de euros, este proyecto proveniente del período del tripartit contará con financiación estatal respaldada por el Banco Europeo de Inversiones, con previsión de ejecución entre 2027 y 2040.
Se ha confirmado también la creación de una sociedad mercantil de inversiones estatal que no precisará tramitación parlamentaria, agilizando su puesta en marcha.
En materia de gobernanza, se estableció que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona ostentarán la mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, mientras que la participación estatal se reduciría al 40%. Igualmente, se contempla la transferencia de competencias estatutarias para la administración del litoral, con la inclusión de la cesión parcial del Edificio Siza, que alberga el Centro Meteorológico de Barcelona.
Respecto a la expansión de los Mossos d'Esquadra, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales ha sellado el financiamiento que posibilitará alcanzar los 25.000 agentes en 2030. La aportación estatal se reajustará cada año en función de los efectivos certificados en 2021, fijándose el coste unitario en 70.600 euros, actualizado conforme al IPC.
Asimismo, ambas administraciones estudiarán opciones para incrementar la presencia del catalán en distintos niveles de la Administración General del Estado radicada en Cataluña. Un equipo de trabajo elaborará una propuesta antes del 31 de diciembre, además de potenciar el uso del catalán en plataformas digitales administrativas.
Quedan pendientes de negociación en próximas sesiones la delegación de facultades tributarias, como la gestión del IRPF, y el establecimiento de un órgano de coordinación para la administración del sistema aeroportuario catalán, incluyendo la Autoritat Aeroportuària de Catalunya.
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